Denuncian maniobras de vaciamiento del directorio de Vicentin

En tanto Stratta remarca: “Lo decidido incurre en grave contradicción respecto del propósito que dice perseguir: certeza y seguridad jurídica”. Y en otra parte del escrito es todavía más contundente contra lo actuado y señala: “Busca estabilidad, pero genera inestabilidad. Un obrar errático que no está a la altura de las circunstancias. Olvida el juez principios básicos del derecho administrativo, obrando con el criterio del análisis de intereses particulares y no de cometidos públicos que legitiman el obrar exorbitante”.

A su vez la inspectora general de Personas Jurídicas da cuenta de algunas maniobras de índole dudoso por parte de tres directores de Vicentin y de su presidente: “Apenas exteriorizado el estado de cesación de pagos, varios integrantes del directorio comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios. Así están obrando Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentín (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente). Al menos es lo que se conoce hasta el momento, sin perjuicio de que puede haber más”, señala.

Según se desprende del escrito, los miembros del directorio concretaron venta o donación de al menos siete inmuebles de diversos activos. Estos datos fueron puestos a disposición del juez que entiende en el concurso en base a datos del Registro General de la Propiedad de Santa Fe.

La funcionaria había realizando una presentación formal en el juzgado de Lorenzini el viernes pasado pero, en la práctica, se entrecruzó a lo dictado por el magistrado que resolvió restituir en funciones al directorio de la empresa y desplazar a su interventor, Gabriel Delgado, al rol de veedor.

En primer término, el escrito firmado por Stratta solicitaba al juez “la intervención judicial de Vicentín y conformación de un Órgano de Intervención”. Entre los fundamentos se destaca que “existe un entramado societario que requiere control” y en tanto “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.

La funcionaria santafesina también hace hincapié que la intervención solicitada por la IGPJ tiene sólo carácter administrativo y debe mantenerse durante el proceso del concurso preventivo de acreedores y no sólo por 60 días, como lo había solicitado el Poder Ejecutivo Nacional. Además, remarca que el proceso busca que la empresa no incurra en la quiebra y que no avance sobre la propiedad de los accionistas. Sólo busca tener poder de gerenciamiento.

Finalmente, Stratta, en su nuevo escrito presentado ayer en Reconquista solicita la restitución de sus funciones a los interventores nombrados por el PEN (Gabriel Delgado y Luciano Zarich) y propone para darle “mayor transparencia y garantía a la gestión de intervención” a un funcionario nombrado a propuesta de la Inspección General de Personas Jurídicas, cargo que recaería en Alejandro Alberto Bento. La decisión está en manos del magistrado.