El dirigente docente Osvaldo Díaz presentó una querella criminal y denuncia penal contra la conducción de ATECA, en un hecho que sacude al sindicalismo educativo de Catamarca y reabre el debate sobre la transparencia y el uso de los recursos que pertenecen a los trabajadores de la educación.
Díaz aseguró que la presentación judicial responde a la necesidad de defender la dignidad docente y poner fin a prácticas que, según sostuvo, “perjudican directamente a los afiliados y vulneran los principios básicos de representación sindical”.
“El silencio solo beneficia a quienes se creen impunes. Los docentes merecen saber qué se hace con sus aportes y quiénes toman decisiones en su nombre”, expresó el dirigente, al tiempo que remarcó que la denuncia se apoya en documentación y elementos que ya fueron puestos a disposición de la Justicia.
Díaz sostuvo que durante años se consolidó un modelo sindical “cerrado, sin control interno ni rendición de cuentas”, y afirmó que su decisión de avanzar por la vía judicial no persigue intereses personales, sino el objetivo de recuperar la confianza de la docencia catamarqueña en sus organizaciones gremiales.
Asimismo, señaló que la querella busca que se investiguen responsabilidades individuales y que se esclarezcan presuntos hechos que, de comprobarse, constituirían graves irregularidades en la administración y conducción del gremio.
“La docencia atraviesa una situación crítica, con salarios deteriorados y condiciones laborales cada vez más complejas. En ese contexto, no podemos permitir que quienes dicen representarnos actúen de espaldas a los trabajadores”, enfatizó.
“Uno de los hechos más graves que denunciamos es que la actual secretaria general de ATECa, Alejandra Reales, al momento de asumir el cargo tras el fallecimiento de su antecesor, ya se encontraba jubilada, una condición que —según el Estatuto vigente del sindicato y la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales— le impedía legalmente ejercer la conducción gremial, y aun así lo hizo”, afirmó Osvaldo Díaz.
“Reales se jubiló el 30 de octubre de 2022 y, sin embargo, el 10 de noviembre de ese mismo año fue facultada por el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Ministerio de Capital Humano, a asumir como secretaria general. De esta situación tomamos conocimiento cuando ella misma exhibió públicamente en las redes oficiales de ATECa el documento que, según manifestó, la avalaba. Ese acto nos permitió advertir el presunto acto de corrupción cometido, el cual se encuentra debidamente documentado y respaldado con capturas certificadas. Dicho acto administrativo fue, a nuestro entender, ilegal, contrario a la normativa vigente e impropio del funcionamiento de las instituciones del Estado”, sostuvo.
En ese sentido, Díaz fue enfático al advertir que “cualquier intento de avalar estas elecciones o de convalidar una conducción gremial surgida de un fraude, utilizando un estatuto no homologado y distinto del único estatuto válido aprobado en 2014, constituye una adulteración normativa de extrema gravedad institucional”.
“Si el Estado vuelve a legitimar este proceso fraudulento, la responsabilidad ya no recaerá únicamente en los dirigentes sindicales denunciados, sino también en los funcionarios públicos que permitan o avalen estas maniobras. Por esa razón, nos remitiremos no solo a la Justicia, sino también a la esfera de los tribunales nacionales y, de corresponder, al Instituto Anticorrupción de la Nación”, remarcó el dirigente de la Línea Celeste de ATECa.
La presentación judicial marca un punto de inflexión en la interna sindical docente y abre un nuevo escenario, en el que será la Justicia la encargada de determinar los alcances y responsabilidades de los hechos denunciados. Mientras tanto, el caso genera expectativa y fuerte repercusión entre docentes de distintos puntos de la provincia, que reclaman mayor transparencia, participación y democracia sindical.
