Si el Estado fuera una persona, sería una especie de heredero de una fortuna, que administra pésimamente sus recursos, incauto, descuidado, presa fácil de los estafadores que sistemáticamente se aprovechan de él. Un pusilánime para defender lo suyo, que no termina en ruina total xq tiene una fuente de dinero casi inagotable. Pero que, por su nefasta administración, continuamente deja a su familia descuidada, con necesidades sin cubrir y al borde de la miseria. Que dilapida dinero pagando por bienes de discutida necesidad, que nunca recibe o de tan pésima calidad que al poco tiempo ya son inservibles. Como una obra de cloacas, que se la vendieron como la obra del siglo y nunca se terminó. O como un estadio de fútbol, que a los seis años ya no servía para nada.
Ahora bien, el Estado no es una persona. Es una institución gestionada por personas que, con su administración, son las que le dan el “carácter” o la “personalidad”. Y el Estado provincial tomó a lo largo de los años ese carácter de ingenuidad y propensión a ser timado a partir de la desastrosa gestión de muchos, no todos, de sus funcionarios. Con el agravante de que quien sufre las ruinosas consecuencias económicas de esa administración son las arcas públicas, mientras que el funcionario sale indemne, sino enriquecido.
El diario El Esquiú informó este miércoles de las “novedades” (porque decir avances es mucho) de la causa de la tristemente famosa “Obra del Siglo”, un emprendimiento de cloacas que involucró a la empresa Noruzi (Nogués-Rueda-Zitelli).
En el año 1990, a través de varios decretos, se fraguó la declaración de emergencia sanitaria. Y por contratación directa, con apariencia de licitación privada, se adjudicó un millonario contrato. En dicha contratación, totalmente irregular y gravosa para el erario, se adjudicó la obra “Planta Depuradora de Líquidos Cloacales La Viñita y Colectora Máxima Oeste” a la empresa propiedad del exministro de Hacienda del saadismo, Silvestre Zitelli, por un total de 20 millones de dólares.
Según consigna El Esquiú, días después de la firma del contrato, el ministerio de Obras Públicas le depositó a Noruzi S.A. la suma de 5 millones de dólares, en carácter de anticipo, que “no se invirtió en obra y habría sido destinada a varios retornos”.
Llegada la Intervención Federal y con la obra apenas empezada, se decidió investigar el proceso de contratación y la casi nula ejecución de la obra. Proceso que luego quedó en manos del gobierno del FCyS, cuando llegó al poder en 1991.
Allí se inició un proceso judicial kafkiano que, un poco por el trabajo de los abogados de la empresa, otro poco por la incompetencia de los representantes del Estado en el litigio, llega hasta la actualidad sin que la provincia logre los resarcimientos que le corresponde. En el camino hubieron condenas contra la empresa (en 1998 se les ordenó devolver 12.880.493 de pesos) un proceso de quiebra, un concurso de acreedores, pedidos de nulidad, que dejaron a la extinta empresa indemne y al Estado sin su dinero.
Sería un error pensar que este tipo de inversiones desastrozas responden a un periodo pasado de la historia o que son “errores” de los gobiernos de algún partido político en particular. Porque, por el contrario, fueron una constante a lo largo de los años y gobiernos, en obras de mayor o menor envergadura que tuvieron mayor o menor trascendencia. Como bien lo demuestra la obra del Estadio Bicentenario, otra compra de ese Estado bobo y pusilánime, que se deja estafar y luego ni siquiera logra dar batalla legal por sus derechos.
Este episodio de la historia reciente está mucho más fresco en la memoria y no necesita que se apunte tanto dato. Como breve reseña, se puede detallar que la obra empezó en el segundo semestre de 2008, durante la segunda gobernación de Eduardo Brizuela del Moral. Fue adjudicada a la empresa Capdevilla S.A, la gran constructora durante la era brizuelista. Tenía un presupuesto inicial de casi 37 millones de pesos, pero con la mecánica de “redeterminación de precios” se le concedió a la empresa reiteradas ampliaciones presupuestarias, hasta superar los 56 millones de pesos. Se inauguró el 30 de noviembre de 2010. Para julio de 2011 ya comenzaban a aparecer las consecuencias de una obra mal hecha, deterioro que avanzaría gradualmente hasta que hizo de la mega obra de Brizuela del Moral un recinto derruido y peligroso. Totalmente deteriorado, inestable y con riesgo de derrumbarse, fue clausurado en junio 2016.
Y como en la “Obra del Siglo” del tándem Saadi – Noruzi, la obra del Estadio Bicentenario, de Brizuela del Moral – Capdevilla, ingresó en un proceso legal y judicial igual de laberíntico y esteril. Denuncias en el fuero civil, intervención de Fiscalía de Estado, concursos de acreedores, reclamos de resarcimiento por 257 millones de pesos y cuántas otras elucubraciones jurídicas y acciones legales de ambas partes, que nunca resarcieron a la provincia, que pagó millones de pesos por una obra que pudo usar menos de seis años.
Ante tanta historia repetida de funcionarios que gestionan las contrataciones del Estado con resultados económicos desastrosos, toma especial importancia buscar un mecanismo para que estas operaciones tengan consecuencias para los funcionarios. Pensando en la Reforma de la Constitución, tal vez la inclusión de la “Responsabilidad de los funcionarios públicos” por las consecuencias dañosas que causen en el desempeño de sus cargos, sea un mecanismo eficaz. De lo contrario, el Estado seguirá teniendo ese carácter de incauto pusilánime, que despilfarra los recursos y del que todos se aprovechan.