Una situación llamativa. A golpe de vista, la presencia del doctor Miguel Figueroa Vicario en un acto de gobierno en Santa María resulta extraña. La primera impresión al leer el parte oficial y ver las fotos del evento es de disonancia. Como que algo no encaja. El ministro de la Corte de Justicia, en un acto oficial de Gobierno en el interior de la provincia, junto al gobernador Raúl Jalil y el intendente santamariano Juan Pablo Sánchez dejó una postal poco usual y abierta a suspicacias.
La información oficial distribuida no aportó mucha claridad sobre el motivo de la presencia Figueroa Vicario en ese acto. Solo apunta que el ministro de la Corte, junto a otros funcionarios, como “el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, y el senador Raúl Chico”, acompañaron al mandatario en la inauguración “del nuevo Centro de Monitoreo de la ciudad de Santa María”. Luego enumera una serie de actos, inauguraciones y actividades que cumplió Jalil, pero ninguna que guarde alguna relación con la función del juez o explique su presencia. Tampoco el Poder Judicial informó sobre la actividad del Ministro Decano.
Recién luego de una indagar en las redes sociales, aparece la información. Juntos a las fotos subidas por el municipio anfitrión a su cuenta de Facebook, se detalla que se realizó “la firma de un importante convenio “Marco de Colaboración y Cooperación Institucional”, con el Ministro Decano de la Corte de Justicia, Dr. Miguel Figueroa Vicario (…)”.
El motivo institucional de la participación de Figueroa Vicario en el acto es indiscutible. Pero no despeja del todo esa primera sensación. Sobre todo para los más celosos y meticulosos en el cuidado de las formas y la separación de poderes.
Figueroa Vicario no es el presidente de la Corte. Es cierto que bien pudo estar representando al máximo tribunal ante la imposibilidad de la presidenta Vilma Molina. O por una simple distribución de tareas y compromisos. Pero también es verdad que el ahora juez, fue hasta hace algunos años ministro en el gobierno de Lucia Corpacci y, un poco más atrás, compartió con el ahora gobernador la bancada oficialista en Diputados. Y verlo en una foto, junto a funcionarios del espacio político al que perteneció antes de su ingreso a la Corte, genera algo de extrañeza.
Ante esa imagen, imposible no evocar los rumores insistentes de que el juez, impulsado por sus aspiraciones políticas, tendría decidido renunciar a su lugar en la Corte, abandonar la carrera judicial y retomar la actividad política partidaria que dejó al llegar al máximo tribunal. Trascendidos que no sólo señalan que la determinación del juez está tomada, sino que también está conversado con el mandatario, quien hasta tendría seleccionado su sucesor.
Preservar las instituciones y mantenerlas libres de suspicacias demanda cuidar hasta el más mínimo detalle. La selección de los nuevos ministros de la Corte ampliada, el avance en la Legislatura (impulsado por el oficialismo) del juicio político contra los ministros Cáceres y Leiva, o la participación de un juez en un acto del Gobierno, demandan prolijidad y mucho tacto. Después de todo, la reputación tiene mucho que ver con el concepto o la percepción subjetiva de los demás.