El debate sobre el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados ganó impulso tras el triunfo electoral del oficialismo. Hasta fines de octubre, la oposición había marcado la agenda, pero en la última semana los legisladores del Gobierno tomaron la iniciativa, convocando incluso a ministros como Patricia Bullrich y Pablo Quirno para respaldar sus propuestas. La reciente cumbre de gobernadores dejó cierto malestar entre los aliados provinciales, aunque la urgencia por contar con un proyecto aprobado podría inclinar la balanza a favor del plan de Javier Milei. De concretarse, este martes el oficialismo podría contar con las firmas necesarias para asegurar el dictamen de mayoría.
Un bloque provincialista consultado por este medio aseguró que los encuentros con Casa Rosada no cumplieron expectativas: “Fue pura foto y nimiedades. Ya enviamos nuestras necesidades y estamos esperando respuestas”. Las demandas no se limitan al financiamiento de obras públicas estratégicas: Entre Ríos, por ejemplo, recibió $48.000 millones como pago parcial de deudas previsionales. Queda por verse si otros pedidos presentados durante el año por los gobernadores también serán atendidos. Desde la oposición se quejan de que proyectos como la distribución de ATN (vetada) o la modificación del impuesto a los combustibles (con media sanción del Senado) no tuvieron el tratamiento adecuado.
Con las demandas provinciales sobre la mesa y tras la renovación del gabinete —con la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán—, el Gobierno confía en cerrar acuerdos suficientes para aprobar el Presupuesto en sesiones extraordinarias. Legisladores de bloques moderados interpretan que el oficialismo necesita avanzar rápidamente: “Si cierran el Congreso en vacaciones, quedan solos frente a la recesión económica”, afirmaron. Desde otros espacios, se muestran flexibles: “El punto es que haya un Presupuesto 2026. Si se demora un poco el dictamen, no importa”, señaló un referente radical. En última instancia, será la nueva composición del Congreso, más favorable al espacio libertario, la que definirá la votación final.
A pesar de la cercanía del martes 4 de noviembre, fecha prevista para el dictamen, el oficialismo mantiene su postura anunciada en cadena nacional en septiembre. “Si habrá dictamen, depende de quienes emplazaron”, declaró Bertie Benegas Lynch, flamante presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Fuentes del oficialismo aseguran que la mayoría para aprobar el proyecto está asegurada: “Prefiero tener un Presupuesto, aunque sea discutible”, coincidió una diputada del PRO, opinión que comparten sectores de la UCR y varias provincias.
Por su parte, la oposición permanece fragmentada. El peronismo no definió cómo presentará su dictamen y Encuentro Federal se quedó aislado tras el bajo desempeño electoral de Provincias Unidas. Los provincialistas, con Nicolás Massot a la cabeza, calificaron la única reunión de jefes de bloque como “fuego de artificio” y se retiraron antes de su finalización junto a Miguel Pichetto. Su propuesta apunta a destinar parte del 1,5% del superávit fiscal proyectado por el Gobierno a leyes ya aprobadas y no implementadas: financiamiento universitario, emergencia pediátrica y en discapacidad, y refuerzos para las cajas previsionales provinciales, lo que dejaría el superávit en 0,9%.
Según fuentes oficiales, el secretario de Hacienda Carlos Guberman habría aclarado que “no hay margen para tocar el superávit: la plata es para los vencimientos” y que ni el FMI ni Estados Unidos han exigido la aprobación del Presupuesto. En la Casa Rosada se muestran confiados: la definición de metas financieras y el apoyo de aliados provinciales, aunque variados en su disposición a aceptar reformas, aseguran un escenario favorable para que el proyecto avance sin sobresaltos.
