No hay en el final de esta historia sorpresa alguna. Desde que surgió el rumor de que Dalmacio Mera sería designado como Defensor del Pueblo se sabía, aunque quizás no cómo o cuándo, que era un hecho consumado antes de que ocurra. Tanto así, que el flamante ombudsman catamarqueño asumió su cargo antes de que lo invistan. La crónica de un nombramiento anunciado, del que ya se ha hablado mucho y del que podemos hacer unas consideraciones finales, dividiéndolas en tres capítulos.
Capítulo 1: Trámite express
La velocidad con la que puede funcionar la burocracia estatal cuando hay motivación es asombrosa. Apenas sesenta días fueron necesarios para pasar del rumor al final del trámite, con designación y modificaciones de la ley aprobadas. De esto ya se ha hablado bastante, con lo que hacer un sucinto repaso, alcanza.
El 26 de abril, Mera, en ese momento aún ministro de Educación (si, si… saltó de una rama a otra) decía que el Gobernador le había planteado “la posibilidad” de asumir como Defensor del Pueblo. Pero primero había que hacer unas modificaciones a la ley. El “posiblemente” era un eufemismo, porque obviamente ya estaba todo decidido y direccionado para que eso ocurriera.
A principios de mayo se conocieron detalles del Decreto 719. El 8 de ese mes ingresó al Poder Legislativo para que dieran acuerdo a las modificaciones de la Ley 5.337. El tratamiento parlamentario comenzó en el Senado, que el 30 de ese mes lo aprobó. Se giró a la Cámara de Diputados, que luego de introducirle modificaciones lo aprobó el martes 24 de junio, para que finalmente este jueves 27 ya se aprobara el pliego y se abrochadora la designación.
Eso sí, Mera ya estaba ejerciendo el cargo (¿ya le habrán dado el alta en RRHH?) por su designación en “comisión”. Es que el Ejecutivo tenía tantas ganas de que el ex ministro ocupara ese cargo, que en la modificación de la ley había introducido ese mecanismo “hasta tanto preste conformidad para su nombramiento el Senado”. Dos meses… palo y a la bolsa.
Capítulo 2: Indigente y precarizado
Acá deberíamos hablar de la insensibilidad de los Diputados que, con enorme crueldad y falta de empatía, le cambiaron las condiciones de trabajo al nuevo Defensor del Pueblo, dejándolo en la total incertidumbre de si llegará a fin de mes.
Es que el Decreto 719 del Ejecutivo establecía que la designación era por 12 (DOCE) años y con una remuneración “equivalente a la del Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia” que, (enorme casualidad!!!) justo había sido equiparada, con otro decreto, a la de un Ministro de la Corte. Hoy, unos 9 palos/mes.
Pero los desalmados de los diputados le arruinaron la fiesta. Y con las modificaciones introducidas, lo que era el trabajo de los sueños pasa a ser un verdadero infierno; solo 4 años de estabilidad y sueldo mísero equivalente a la dieta de un diputado. Porca vida. Eso sí es precariedad laboral.
Además, los legisladores actuaron con total irresponsabilidad desactivando las muy acertadas modificaciones del Gobierno que, según argumentó en el decreto, buscaba que “la figura del Defensor del Pueblo” tuviera “suficiente estabilidad y permanencia para cumplir con sus objetivos”. Qué mejor estabilidad que nombramiento por 12 años con sueldo inicial de 9 millones. Pero no, los diputados tuvieron que arruinarlo todo.
Aunque, pensandolo bien, ¿será necesario semejante sueldo de CEO de multinacional y más de una década de permanencia para cumplir con los objetivos del cargo? Entonces, ¿será, por ejemplo, que el trabajo de los docentes es poco importante? Porque ganan miserias, pasan años en empezar a cobrar y décadas sin poder lograr estabilidad en el cargo. O los médicos de la salud pública, o los policías o tantos otros agentes con salarios de pobreza.
Quizás el Gobernador estaba más preocupado por el “defensor” que por “el pueblo”.
Capítulo 3: Quién podrá defendernos
Con todo esto, la pregunta es, ¿servirá para algo? ¿Funcionará la flamante oficina? Según la ley “el Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de cualquier interesado, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos, actos u omisiones de cualquier funcionario o agente, o entidad, de la Administración Pública Provincial o Municipal que se encuentren comprendidos en el ámbito de su misión y competencia”. ¿Se podrá esperar de Mera una celosa y diligente “defensa de los derechos de los ciudadanos frente al mismo Estado”? ¿Investigará, si fuera necesario, a sus colegas funcionarios del Gobierno del que él mismo fue parte hasta hace dos meses? ¿O será la Defensoría del Pueblo una más en la lista de organismos de control y contrapoder cooptados por el Gobierno? A la luz de los antecedentes, désele a la gente el derecho a dudar.