El juez Federal Miguel Ángel Contreras denegó la petición de la Defensora Pública de Víctimas, Mariana Vera, para que el Estado asumiera la responsabilidad de indemnizar a los inversores afectados por empresas financieras involucradas en criptoestafas.
La Defensora Pública de Víctimas buscaba que el Estado fuera declarado responsable de pagar a los inversores afectados por las actividades fraudulentas de empresas financieras.
Sin embargo, el juez Contreras rechazó este enfoque y argumentó en su fallo que la demanda civil contra las entidades estatales no era procedente en el marco de la causa penal en curso. En cambio, sostuvo que la responsabilidad pretendida por la Defensora Pública debía ser tratada en un proceso civil específicamente habilitado para ese propósito. Contreras subrayó que los Estados no podían ser considerados responsables por las acciones de los imputados en la presente causa.
En un giro adicional, el juez Contreras accedió a la solicitud de la abogada Mariana Vera de ser admitida como querellante particular y actor civil en nombre de las víctimas vulnerables afectadas por la financiera Stratton Sierra. Esta decisión permitirá que la abogada participe activamente en la causa contra los imputados, José Luis Sierra y Jesica Paola Véliz.
Antes de emitir su fallo, el juez consultó al fiscal federal Vehils Ruiz, quien estuvo de acuerdo con la admisión de la abogada Vera como querellante y actor civil en relación con los imputados. No obstante, el fiscal destacó que la pretensión de responsabilidad del Estado debía ser abordada en un proceso civil específico, en lugar de ser tratada en el contexto de la causa penal en curso.
