El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sigue escalando y ha puesto en la mira al presidente Javier Milei. Tras la polémica generada por su promoción del token en redes sociales y su posterior desplome en el mercado, distintos sectores de la oposición anunciaron que impulsarán un juicio político en su contra.
El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) fue uno de los primeros en expresarse, afirmando que “la participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad” y anunciando la presentación de un pedido formal en el Congreso. A esta postura se sumaron otros referentes opositores, como el senador radical Martín Lousteau, quien planteó la posibilidad de conformar una Comisión Investigadora para evaluar las implicaciones legales del caso.
El diputado Esteban Paulón también confirmó su intención de avanzar en el proceso y solicitó la convocatoria del jefe de Gabinete para que explique la relación del Presidente con la empresa responsable de $LIBRA. Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que Milei podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, además de incurrir en posibles delitos de defraudación y lavado de dinero.
La CGT y otros sectores exigen explicaciones
Más allá del ámbito legislativo, la Confederación General del Trabajo (CGT) se sumó a las críticas, calificando de “temeraria” la decisión del Presidente de promocionar la criptomoneda. En un comunicado, la central obrera manifestó su “alarma y preocupación” ante lo que considera una “maniobra financiera fallida y sin respaldo” promovida desde la máxima investidura del país.
“La posterior disculpa pública de Milei no lo exime de responsabilidad institucional. Es necesario un esclarecimiento exhaustivo de los hechos”, reclamó la CGT.
Cómo avanza un juicio político en Argentina
El juicio político es el mecanismo de destitución de altos funcionarios en Argentina y está previsto en la Constitución Nacional. Puede aplicarse al Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema en casos de mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones.
El proceso comienza en la Cámara de Diputados, donde una Comisión de Juicio Político evalúa las denuncias y determina si el proceso avanza. Actualmente, la comisión cuenta con 31 integrantes, entre los cuales UxP tiene la mayoría con 13 bancas, mientras que La Libertad Avanza posee solo 4. Para que el juicio prospere, se requiere el voto favorable de dos tercios de los diputados presentes. Si se aprueba la acusación, el caso pasa al Senado, que es el encargado de juzgar al funcionario y determinar su destitución.
En caso de que el acusado sea el Presidente, el juicio es presidido por el titular de la Corte Suprema, en este caso, Horacio Rosatti.