En la víspera de la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina, el mandatario saliente, Alberto Fernández, generó polémica al firmar su último decreto, el 735/2023, que introduce cambios significativos en la protección de ex presidentes fuera del territorio nacional.
Hasta este momento, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la responsabilidad de resguardar a los ex presidentes solo cuando lo solicitaban por motivos específicos. Sin embargo, el decreto establece una modificación en la reglamentación, marcando un nuevo enfoque en la seguridad de los ex mandatarios.
El documento, publicado en el Boletín Oficial de este sábado, lleva las firmas de Alberto Fernández y el jefe de gabinete, Agustín Rossi. En él se establece oficialmente que la PFA asumirá la responsabilidad de “proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”.
Una de las modificaciones más destacadas se encuentra en el artículo 15, donde se especifica que, en casos de desplazamientos terrestres dentro y fuera del país, la custodia estará a cargo de la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial, y Unidad Custodia Ex Mandatarios, según las directivas de la CASA MILITAR y lo establecido en el Decreto Nº 3469 del 7 de mayo de 1963.
La noticia del cambio en la resolución desató una inmediata repercusión en las redes sociales, especialmente en plataformas como X (anteriormente Twitter), donde la palabra “decreto” rápidamente se posicionó entre las primeras tendencias del país.
