Después de un año y medio de investigación, la Justicia dio por probada la existencia de coimas millonarias en la llamada “Causa Seguros”, un entramado de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, empresarios del rubro asegurador, cooperativas truchas y favores entregados en efectivo desde el corazón mismo de la Casa Rosada.
El juez Sebastián Casanello procesó al expresidente y a más de 30 implicados tras comprobar que, bajo el pretexto de contratar seguros para organismos del Estado, se montó un esquema para desviar fondos públicos a través de cooperativas que luego “blanqueaban” el dinero con apariencia legal.
Entre los protagonistas de la maniobra aparece Mauro Tanos, exgerente general de Nación Seguros, nombrado durante la gestión de Javier Milei pero con antecedentes en la administración anterior. Tanos, que acumuló bienes, viajes y vehículos de alta gama, es señalado como receptor de sobornos, principalmente a través de la cooperativa “7 de Mayo”, que recibió casi $377 millones, de los cuales más de $239 millones provinieron de San Ignacio, una empresa que fue puesta a dedo en la póliza de la ANSES.
La cooperativa, que no pudo justificar ni un solo servicio prestado, fue usada como pantalla para mover dinero “en blanco” mediante transferencias. Con esos fondos, Tanos pagó cuotas de un departamento en Palermo, compró plateas en River, viajó a Miami y adquirió una camioneta Jeep a su nombre.
Pero la trama se vuelve aún más turbia cuando entra en escena María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, y su pareja, el empresario Héctor Martínez Sosa, dueño de empresas de seguros que intermediaban en contrataciones públicas. Según determinó la Justicia, Cantero entregaba dinero en mano a funcionarios, gestionaba contactos y presionaba por adjudicaciones.
En su celular, los investigadores encontraron fotos de fajos de billetes, mensajes comprometedores con funcionarios de Casa Militar y Presidencia, y hasta chats con el propio Fernández, que dan cuenta de una relación de absoluta confianza y poder informal. “Queremos los seguros. Solo eso me importa de Manzur”, escribió Cantero en 2019, tras el triunfo electoral.
Además, dialogaba con Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex custodio de Fernández y luego intendente de la Quinta de Olivos, a quien encargaba gestiones políticas. En uno de los intercambios más crudos, le dijo:
“Gordo, si no hacemos guita con esto, somos unos pelotudos”.
Rodríguez también recibía instrucciones para hacer lobby con gobernadores como Gustavo Melella y Roxana Bertone, claves en la expansión de las aseguradoras vinculadas a Martínez Sosa. Desde Tierra del Fuego, el empresario obtuvo contratos exclusivos y comisiones millonarias.
La Justicia sostiene que Cantero jugaba un doble rol: abría puertas para que su pareja obtuviera contratos o directamente intervenía para garantizar que se concretaran. Todo, bajo la fachada de una supuesta “PYME” familiar que creció al calor del poder.
Las pruebas surgidas del celular de Cantero, su relación con Fernández y el circuito de pagos confirmados, configuran un cuadro de corrupción institucional que, según Casanello, “utilizó cooperativas como herramientas centrales para ocultar el origen de los fondos y simular servicios inexistentes”.
