La operadora Claro solicitó formalmente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que deje sin efecto la compra de Telefónica por parte de Telecom, denunciando supuestas irregularidades en el proceso. Según la empresa, la operación se realizó sin la debida autorización regulatoria, lo que generaría un impacto en la competencia dentro del mercado de telecomunicaciones.
La primera objeción fue presentada el 21 de marzo y se centró en tres presuntas infracciones. En primer lugar, Claro señaló que se habría producido una “transferencia ilegal” de las autorizaciones para el uso del espectro radioeléctrico sin la aprobación previa del Enacom, en contradicción con la Resolución 682/2023.
Además, indicó que Telecom habría recibido 130 MHz adicionales de espectro, a pesar de que la normativa vigente le impide superar el máximo acumulable establecido en la Resolución 171/2017. Por último, denunció que la compra de acciones de Telefónica Móviles por parte de Telecom se ejecutó sin la autorización previa exigida por la Ley Argentina Digital N° 27.078.
El 27 de marzo, el apoderado de Claro, Juan Pablo Tognetti, presentó una nueva documentación para incluir en la investigación la reciente asamblea de Telefónica, en la que fueron nombradas autoridades vinculadas a Telecom y al Grupo Clarín. Según Claro, esto confirma que Telecom ya ha tomado el control efectivo de Telefónica Móviles, a pesar de que el Enacom aún no ha autorizado la operación.
Ante esta situación, Claro exigió que el organismo regulador intime a los responsables a revertir la transacción en un plazo de 10 días. De no cumplirse, solicitó la revocación de la licencia de telecomunicaciones de Telefónica Móviles.
La compañía también llevó su reclamo al Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, advirtiendo que la fusión generaría un escenario de concentración del mercado. Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, alertó que, de aprobarse la compra, Telecom controlaría más del 70% de la telefonía móvil en Buenos Aires y el AMBA, además de aumentar en 30 puntos su participación en el mercado de internet hogareño a nivel nacional.
“El impacto en la competencia será grave, con 300 localidades del interior del país altamente concentradas. Esto afectará directamente a los consumidores”, advirtió Quiroga López.
El Tribunal de Defensa de la Competencia tiene un plazo de 45 días para definir si aprueba la compra, la condiciona o la rechaza, mientras Claro insiste en frenar la operación por considerarla perjudicial para el mercado.