El Juzgado Federal de Catamarca dictó recientemente el sobreseimiento definitivo de Gonzalo, Marcelo y Santiago Barone en la causa N° 5253/2022, vinculada a RT Inversiones, investigada por presunto lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y asociación ilícita dentro de la estructura conocida como clan Bulacio.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó el sobreseimiento en agosto de 2025, argumentando la falta de pruebas contundentes. Según la Fiscalía, no se acreditó el origen ilícito de los fondos ni la intención de darles apariencia de legalidad. Asimismo, no existió respaldo documental que sostuviera la hipótesis de que Gonzalo Barone actuara como testaferro, mientras que respecto a Marcelo y Santiago continuaba la falta de mérito sin incorporación de nuevos cargos.
Entre los elementos que influyeron en la decisión judicial se destacan la declaración de un socio de RT Inversiones que negó la participación ilícita de Gonzalo Barone, así como testimonios que indicaron que las transacciones atribuidas a Gonzalo fueron directas y no relacionadas con maniobras sospechosas. Los informes periciales y técnicos tampoco lograron demostrar con certeza la participación de los imputados en actividades ilícitas.
El tribunal aceptó la postura del MPF y resolvió el sobreseimiento definitivo, subrayando la importancia de respetar el principio de legalidad, la imparcialidad judicial y de evitar procesos penales sin base probatoria suficiente. Se aclaró que cualquier investigación sobre irregularidades tributarias seguirá en la órbita administrativa correspondiente.
La postura del querellante Alfredo Aydar
El abogado querellante Alfredo Aydar rechazó la medida, calificándola de “descabellada” y una “burla a todas las víctimas afectadas por RT Inversiones”. Aydar sostuvo que el clan Bulacio representa la segunda estafa más grande después de Adhemar Capital y cuestionó al juez Sebastián Argibay, al secretario de la causa Luis Baracat y al fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, acusándolos de favorecer la impunidad y no proteger adecuadamente a las víctimas.
Además, denunció que quienes enfrentan la red judicial sufren represalias y que las recusaciones en la Cámara Federal de Tucumán no logran frenar las irregularidades. El abogado adelantó que apelará la resolución, buscando que se continúe con la investigación y se haga justicia para las víctimas.
