El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Antonio Gustavo Gómez, arrojó luz sobre el caso de presunta malversación de fondos en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), relacionado con la gestión de recursos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
La causa, caratulada como “Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa”, expediente 400360/2010, señala el desvío de fondos destinados a la Ciudad Universitaria de San Javier hacia otros fines, en lugar de su asignación original.
“Aquí se trató de los manejos de los fondos aportados por el rol de la Universidad Nacional de Tucumán en una empresa minería que recibía la plata de producción de la mina La Alumbrera”, indicó.
En ese sentido, Gómez destacó que la legislación que creó YMAD especificaba que estos fondos estaban destinados a la infraestructura universitaria, lo cual no se cumplió. Además, se han detectado prácticas fraudulentas, como la contratación de empresas que inflaron los precios y realizaron sobrefacturación por obras.
“Con el dinero aportado por YMAD/La Alumbrera se hicieron una serie de obras en la UNT a un costo muy superior al valor que podía presumirse como real”, señalá Gómez.
La investigación judicial se divide en dos frentes: uno relacionado con el desvío de fondos y la presunta participación de autoridades universitarias en su cambio de destino, y otro centrado en la sobrefacturación por parte de empresas constructoras. Varias personalidades universitarias, entre ellas el exrector Cerisola y otros exfuncionarios, están siendo procesadas en relación con este caso.
“Luego de una pericia hecha por Gendarmería Nacional terminaron procesados más de 20 empresarios por graves delitos de estafa, etc., razón por la cual reclamo la detención y donde además solicito la indagatoria de Maria Rossi, Augusto Gonzales Navarro y José Hugo Saab. Ese expediente está en la Cámara Federal desde Marzo del año 2023 sin resolverse”, resaltó el fiscal.
Gómez lamentó la falta de claridad sobre quiénes autorizaron el cambio de destino de los fondos, subrayando que esta cuestión es central para la resolución del delito.
Sin embargo, el avance de la investigación se ha visto obstaculizado por cuestiones internas, como el pedido de recusación presentado por el fiscal Carlos Brito contra Gómez, lo que ha llevado a su apartamiento del caso. Gómez ha expresado su desacuerdo con esta medida, argumentando que no debería afectar la acción del Ministerio Público.
Por último Gómez mencionó que existe una causa civil iniciada por la UNT en Catamarca contra YMAD en el año 2017, en la que se pide la nulidad del acto administrativo que es la base del juicio oral y público próximo. “En ese expediente (y en el año 2020) se hizo lugar a una medida cautelar contra YMAD por la cual ya se han depositado 600 millones de pesos y dice el fallo: ‘hasta la terminación de la Ciudad Universitaria de Tucumán declarada de modo expreso por el órgano competente'”.