En los últimos días, la liberación de Sofía Piña, expareja de Adhemar Bacchiani, por orden del juez federal Miguel Ángel Contreras, ha generado gran inquietud entre los abogados querellantes. Se levantaron fuertes cuestionamientos sobre la Justicia Federal, debido a posibles maniobras que podrían poner en peligro los supuestos depósitos de criptoactivos que formarían parte del patrimonio de Bacchiani y sus principales colaboradores.
Aunque las presentaciones realizadas no se centran específicamente en Piña, quien estuvo bajo prisión domiciliaria por cargos de “fraude e insolvencia fraudulenta en concurso real, en el grado de partícipe necesario”, sí señalan una prohibición impuesta por Contreras al concederle el beneficio: la prohibición de operar con criptoactivos.
El descontento se intensifica con la reciente decisión de otorgar prisión domiciliaria al abogado Lucas Retamozo, quien estuvo detenido por “asociación ilícita, intermediación financiera, lavado de activos y fraude como autor; e insolvencia fraudulenta como partícipe necesario”.
Además, se suma la prisión domiciliaria de José Blas, el supuesto “amigo invisible” de Bacchiani, quien también enfrenta cargos por “intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, estafa y asociación ilícita”.
La situación de libertad en la que se encuentra Zaraive Celeste Garcés Rusa, otra expareja de Bacchiani, procesada por “intermediación financiera no autorizada”, también contribuye a las duras críticas presentadas por los inversionistas afectados.
En este escenario, el querellante Diego Figueroa respaldó la solicitud de traslado de Blas al penal de Miraflores y la reciente detención de Garcés Rusa por parte de otra querella, encabezada por Gastón Navarro.
