En los últimos años, la provincia de Catamarca ha comenzado a experimentar una crisis silenciosa que carcome el tejido social desde sus bases: el endeudamiento crónico de las familias y la proliferación de la usura. Siempre que se analiza el problema se lo hace desde una perspectiva nacional, como si aquí no pasara nada.
Pero alcanza con darse una vuelta por el centro para ver que cada vez hay más casas de préstamos, y también prestamistas sin locales ni controles. Otros, más privilegiados, hasta disponen de códigos de descuentos oficiales para exprimir a los empleados públicos.
Detrás de las estadísticas macroeconómicas, se esconde una realidad alarmante donde los sectores más vulnerables quedan atrapados en un círculo vicioso de obligaciones financieras impagables.
La falta de empleo formal estable y la erosión constante del poder adquisitivo obligan a miles de catamarqueños a recurrir a vías de financiamiento alternativas para cubrir necesidades básicas de subsistencia. Hoy en día, casi 480 personas por cada 1.000 habitantes en Catamarca registran algún tipo de deuda activa, reflejando la masividad de un fenómeno que ya dejó de ser una excepción para volverse la norma de supervivencia cotidiana.
Es en este escenario de desesperación donde las plataformas informales, los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) y directamente los “prestamistas de cuadra” encuentran un terreno fértil para operar con total impunidad. Con promesas de dinero inmediato y mínimos requisitos, estas redes atraen a trabajadores precarizados y jubilados que no califican para el sistema bancario tradicional.
Sin embargo, lo que se presenta como un salvavidas temporal se transforma rápidamente en un yugo insoportable debido a tasas de interés astronómicas, que en el mercado informal e incluso en algunas aplicaciones virtuales rozan el 700% anual. Este mecanismo extorsivo convierte el alivio inicial en una condena permanente, impulsando un salto dramático en las estadísticas regionales: la irregularidad en los pagos en la provincia trepó un preocupante 412% en un periodo de apenas 18 meses.
Los datos duros del sistema financiero no dejan lugar a dudas sobre la asfixia del bolsillo local. Según informes recientes basados en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), la tasa de morosidad en Catamarca alcanzó el 35,5%, posicionando a la provincia en el tercer lugar del ranking nacional con mayores dificultades de pago, solo superada por La Rioja y San Juan.
En términos reales, 66.650 de los casi 201.000 deudores registrados en territorio catamarqueño se encuentran en situación de mora. La situación se vuelve aún más dramática al desglosar los segmentos más vulnerables: entre los jóvenes menores de 25 años, la tasa de morosidad trepa al 40,85%, empujados principalmente por el uso descontrolado de billeteras virtuales, fintechs y tarjetas de compra de supermercados.
Esta “timba” no financia el progreso ni la inversión productiva, sino el consumo del día a día. El último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA encendió las alarmas al constatar que el 49,2% de los hogares bajo estrés económico debió pedir dinero prestado o “tarjetear” para pagar alimentos y servicios esenciales. Cuando la mitad de una población se endeuda para comer, el crédito se transforma en una trampa de arenas movedizas.
Frente a esto, la respuesta institucional del Estado provincial y los organismos de control sigue siendo notablemente deficiente. Se permite que proliferen comercios de usura bajo fachadas legales y cobros diarios extorsivos, mientras el porcentaje de “morosos irrecuperables” -aquellos con retrasos de un año o más- se duplicó en Catamarca hasta rozar el 22%, superando con creces la media nacional.
Con un promedio de crédito impago que ya se sitúa en $1.354.500 por deudor, la provincia se enfrenta a un colapso del consumo interno y a un grave deterioro de la salud mental de sus familias.
Mientras tanto, se gasta dinero público en una Expo para simular una provincia pujante y productiva, donde la mayoría se hunde sin remedio.
