De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sobre la eficacia político-criminal de los fiscales, Catamarca, junto a otras cinco provincias, no publican ninguna estadística en relación a dicho tema.
Así se informó en el reporte titulado “Nuevo ranking de eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina“, realizado a partir de los datos correspondientes al año 2021. Según se indica desde el INECIP, lo que se busca con este tipo de reportes es responder a la pregunta “¿Qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad?”.
“Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social”, señalan.
“Esta “tasa básica” mide cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad. Para eso, se comparan la cantidad de casos penales ingresados, con la cantidad de salidas de calidad político-criminal básica: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales”, indican más adelante.
Es así que se reveló que muy pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea con la periodicidad, profundidad y publicidad suficientes.
“Los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni siquiera los cuatro indicadores más elementales, pese al plazo de cuatro meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”, subrayaron en el reporte.
