Catamarca figura entre las cinco provincias argentinas que más redujeron su participación en el reparto secundario de la coparticipación federal de impuestos durante los últimos diez años, según un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
De acuerdo con el informe, entre 2015 y 2024 la provincia experimentó una caída de entre 1% y 4% en su coeficiente de distribución, integrando el grupo de jurisdicciones más afectadas junto a La Pampa, Santa Fe, La Rioja y Entre Ríos.
El análisis del IARAF examina la evolución de los fondos automáticos y no automáticos que la Nación transfiere a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde hace tres décadas. En términos simples, el reparto secundario define qué proporción del total de recursos coparticipables recibe cada distrito.
Catamarca, incluida dentro del conjunto de provincias de bajos ingresos y baja densidad poblacional —junto con Formosa, La Rioja, Salta, San Juan y Santiago del Estero—, mostró un comportamiento similar al resto de ese grupo: estabilidad hasta 2015 y una pérdida sostenida en los años siguientes. Esta tendencia se explica, principalmente, por el crecimiento de la participación de Buenos Aires y CABA en el esquema nacional.
El informe destaca que, en el período analizado, solo dos jurisdicciones mejoraron su posición relativa: la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En contraste, 22 de las 24 jurisdicciones del país sufrieron retrocesos en su coeficiente secundario efectivo entre 2015 y 2024.
CABA fue la gran ganadora. En 1993 recibía apenas el 0,7% del total de la coparticipación, pero su participación se incrementó notablemente a partir del decreto 194/2016, que elevó su coeficiente al 3,75%. Si bien en 2021 se redujo al 1,4%, volvió a repuntar en 2024 tras el fallo de la Corte Suprema que fijó un coeficiente del 2,95%. Al cierre del período, la ciudad registró una participación efectiva del 2,2%, es decir, un aumento del 214% respecto de tres décadas atrás.
La provincia de Buenos Aires también logró una mejora, impulsada por el Consenso Fiscal de 2017 que incluyó compensaciones adicionales. Su participación automática alcanzó el 22,2% en 2024, 3,5 puntos por encima de 2015, aunque todavía lejos del 25% que mantenía en 1993 con el Fondo del Conurbano Bonaerense.
El estudio incorpora además las transferencias no automáticas —fondos que el Tesoro Nacional distribuye de forma discrecional—, las cuales funcionaron como un mecanismo de compensación. Entre 2015 y 2022 representaron el 23,5% de las transferencias totales a las provincias, aunque en 2024 la totalidad de esos envíos se concentró en CABA, producto del cumplimiento del fallo judicial mencionado.
Para Catamarca, esta concentración de recursos en solo dos jurisdicciones derivó en una pérdida progresiva de participación relativa dentro del esquema federal.
El IARAF agrupa a las provincias según su nivel de ingreso y densidad poblacional. En el segmento donde se ubica Catamarca, el comportamiento fue similar: estabilidad hasta mediados de la década pasada y caídas persistentes desde entonces.
En cuanto a la evolución más reciente, el informe indica que en septiembre de 2025 todas las jurisdicciones registraron descensos reales en las transferencias automáticas, con una brecha de 12,2 puntos entre Santa Fe (la más afectada, con una baja del 12,8%) y CABA (la menos golpeada, con una caída del 0,6%). En los primeros nueve meses del año, las transferencias automáticas crecieron 48,4% en términos nominales, lo que significó apenas un 2,4% real una vez descontada la inflación.
Sin embargo, esa mejora no alcanzó para revertir la tendencia negativa que arrastra Catamarca desde 2015. La provincia más golpeada del período fue La Rioja, que perdió un 18% de su participación tras la eliminación, en 2024, de los fondos extracoparticipables que recibía desde 1988.
El IARAF concluye que la redistribución de recursos observada entre 1993 y 2024 evidencia la urgencia de revisar el régimen de coparticipación vigente. Según el instituto, cualquier reforma futura debería considerar no solo los ingresos, sino también las responsabilidades de gasto que asume cada provincia.
