¡Ahhh la independencia de poderes! Un sueño romántico del pasado. Hoy cada mandamás se ocupa antes que nada de acomodar a sus más leales servidores en espacios que le faciliten su labor. Y cuando decimos faciliten, queremos decir que controlen y molesten lo menos posible.
No es un patrimonio exclusivo de Catamarca, hay que reconocerlo. En las provincias argentinas no suena raro que una jueza de la Corte Suprema sea la sobrina del gobernador. O que ese cargo sea ocupado por un ex ministro del mismo mandatario que lo propuso para integrar el máximo tribunal local. O que otro juez llegue al tribunal superior sin haber pasado por la carrera jurídica, solo por haber sido abogado personal de un gobernador, o diputado por el partido oficialista.
Estas situaciones ocurren en lugares como La Rioja, Catamarca, Santa Fe o Formosa. Y la lista sigue. No son casos aislados, sino muestras de una situación frecuente que expone la estrecha relación entre el poder político y quienes ocupan las Cortes Supremas de las provincias argentinas.
¿Cómo llegaron a ocupar esos lugares? ¿Son juristas de carrera, independientes del poder político, o políticos reciclados en la Justicia? Por primera vez, las respuestas a esos interrogantes se traducen en datos: un relevamiento realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: el 64% de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos.
Esto se traduce en que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local -ocuparon cargos ejecutivos o legislativos- o tuvieron funciones partidarias o algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política. Con un dato adicional: 76 de estos supremos -es decir, más de la mitad del total- fueron designados en las Cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior.
Estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales. La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales.
Hay que aclarar que en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces… ya sería hora de revisar esas normas.
“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, ratifica Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional. Detalla que en América Latina, según datos del Latinobarómetro, sólo el 28% de la población en promedio confía en la Justicia.
“En Argentina esa cifra baja al 22%. La politización de la Justicia es responsable -en parte- de esta situación. A pesar de algunas reformas, los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”, analiza la jurista.
¿Y en Catamarca? Ya se sabe, la Corte provincial tiene siete miembros, y más de la mitad tienen estrecha relación con el Ejecutivo, incluyendo asesores, exfuncionarios y parientes. Eso sumado al Tribunal de Cuentas, integrado por ¡tres exministros!, ya roza el escándalo.
El que crea que estas cosas no influyen y todo funciona bien, que inicie un trámite legal contra el gobierno y nos cuenta qué tal le va.
El catucho
