Cuando en la escena política nacional irrumpió una fuerza emergente hablando de “la casta”, una gran porción de la ciudadanía empatizó con su plataforma electoral básicamente porque le facilitaba un concepto con el que nombrar todo ese plexo de prácticas que la sociedad aborrece de los políticos.
Concepto, casi slogan, con el cual pueden, en pocas palabras (en realidad solo una) expresar su hartazgo y repudio al ejercicio del poder puesto al servicio de pocos y la hipocresía discursiva de decir que se gobierna para el pueblo, cuando en realidad las decisiones solo se justifican desde sus propios intereses.
Ese potente concepto que ya funciona como un sensor en la mente de los ciudadanos, se gatilló repetidamente en las últimas semanas en Catamarca ante la seguidilla indisimulable de acciones del Gobierno pintadas como políticas públicas pero orientadas exclusivamente al beneficio personal de sus integrantes.
El nombramiento exprés y por decreto de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, el incremento inmoral del sueldo de los miembros del Tribunal de Cuentas y la designación de Juan Cruz Miranda en el organismo de control hicieron saltar el detector en una sociedad cada vez más alérgica a la “casta”.
Aunque, como por definición, todo se intenta camuflar con políticas que benefician a la sociedad, es imposible negar que detrás de la urgencia en designar el Defensor del Pueblo, figura creada años y nunca puesta en funciones, solo se explica en la necesidad de darle un conchabo a un eterno funcionario como Mera, que hace más de 30 años vive del Estado rotando de cargo en cargo y que ya quería descansar de la vorágine de Educación.
Lo mismo se puede decir de Miranda, a quien designaron al frente del unificado Ministerio de Desarrollo Productivo por menos de un mes solo porque el lugar que le tenían prometido en el TC todavía no se liberaba por la demora de la jubilación de quien tenía que dejar la vacante. Preferible descalabrar una estructura ministerial antes que dejar un socio a la intemperie sin un cargo. Pero cuando finalmente el vocal saliente “renunció” sin rodeos ni dilaciones fue catapultado por decreto al paraíso de la casta.
Qué decir del, también por decreto, incremento de sueldos para los miembros del TC, encapsulado disimuladamente en una modificación de la ley orgánica, bajo el pretexto de “jerarquizar el organismo y modernizar su funcionamiento”. Como indica el manual de la casta, siempre invocando el bien colectivo, se otorgaron un sueldo de unos 9 millones de pesos por mes. Casta en su máxima expresión.
A lo que podemos agregar la caótica reestructuración de los ministerios que, una vez asentada la polvareda, dejó ver que de eficiencia y ahorro no había nada y solo se trataba de un esperable enroque de nombres y lugares sin sorpresas ni sobresaltos para los que siempre tiene su decreto asegurado.
Mientras tanto, los catamarqueños ven como a ellos solo le llegan las medidas de recorte, los incrementos de precios, los aumentos en los servicios, mientras escuchan pedidos de austeridad, reciben negativas en los reclamos paritarios y deben sobrevivir con un salario que en un año, ni sumando los aguinaldos, se acercan a los sueldos de un mes de Moreno, Miranda, Mera, y sin los privilegios de los asesores, los índices y toda la casta (incluidos los diputados que canjean su voto a los decreto de Gobierno por cargos para su familia, pero eso es tema para otro día).
Son esas prácticas, groseras de tan evidentes, cada vez más identificadas y ahora rotuladas con el concepto – slogan libertario, a las que la ciudadanía le tiene cada vez más intolerancia, como si fueran una alergia urticante que produce escozor. Un malestar cada vez más evidente, que hace síntoma en movilizaciones, paros, protestas y que, casi con seguridad se manifestará en las urnas.
El catucho