Alguna vez, políticos de todos los partidos políticos marcharon pidiendo el esclarecimiento del crimen de quien fuera secretario general de la delegación local de UTHGRA y ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Juan Carlos Rojas.
A casi dos años del asesinato, no se esclareció absolutamente nada, no hay un detenido, una pista firme, nada de nada. Y el apoyo desapareció por completo.
La causa está empantanada sin avances de ninguna clase, y la familia de Rojitas, fundamentalmente sus hijos Fernando y Natalia, luchan en soledad con su abogado Ivan Sarquís por lograr que alguien se mueva.
Pero parece que el oscuro caso está lejos de llegar a la verdad, y algo peor: crecen las sospechas de que en realidad hay interesados en que todo se entorpezca.
La familia de Rojitas cree que el gran anuncio de hace unos días, que todas las pruebas de ADN tomadas a las mujeres del círculo más cercano del ministro para cotejarlas con muestran del lugar del hecho dieron negativo, es simplemente una mentira.
Aseguran que su propia perito médica de parte (luego desplazada) les ocultó información y la compartió en cambio con autoridades del Gobierno, como la Ministra de Seguridad Fabiola Segura específicamente.
Las dudas aumentan y el temor es uno solo, contundente: que varios actores de la investigación estén trabajando en realidad para que el crimen no se esclarezca.
Hay elementos para alimentar esas sospechas, por ejemplo, la curiosa incapacidad de los investigadores para encontrar elementos que estaban a la vista de todos y al alcance de la mano, y que luego de haber sido obviados tienen que ser aportados por la propia familia para que no se los ignore.
Quizás el dato más importante por estos días y llamativo es la aparición del audio “clave” que estuvo en manos del ministerio público fiscal durante un año y medio, y una vez que le devolvieron el teléfono celular a la familia, ellos en media jornada y con poca capacidad y estructura tecnológica recuperaron el audio y lo pusieron a disposición del fiscal. ¿No hay peor ciego que el que no quiere ver?
La familia Rojas vive un calvario desde diciembre de 2022, y además de la falta de respuestas y la pérdida del apoyo, tuvo que soportar hasta que se lancen versiones acusatorias en su contra.
Las autoridades políticas parecen haberse olvidado del tema y no muestran ningún interés. Las autoridades judiciales se desentienden, y todo se dilata apuntando según parece al olvido como solución fácil.
Un caso violento y gravísimo que todos, menos la familia de la víctima, parecen más interesados en postergar eternamente en vez de buscar la verdad con decisión.
Un caso en el que las líneas de investigación más obvias nunca merecen atención, y donde se eludió siempre ver cuestiones básicas, como el manejo de dinero y los compromisos que encontró Rojas en el ministerio.
No hay respuestas y los meses pasan. No hay voluntad y las sospechas crecen. No hay marchas ni apoyo político. Parece que a más de uno le hubiera gustado que todo se cerrara con la primera versión de Laureano Palacios, la historia de la “muerte natural”. La familia está sola. Pero no tiene intenciones de abandonar la lucha.
El Catucho.