Durante este tiempo mantuvimos una actitud prudente frente a hechos que tomaron estado público hace casi 20 días atrás, relacionado a un caso de pedofilia que involucra a personas de alto perfil de un partido político de Catamarca.
No es nuestra intención entrar en discusiones de carácter política/partidaria porque de ser así, estariamos contribuyendo a banalizar una situación que merece la sanción de la justicia, el repudio colectivo y la reflexión acerca del carácter utilitario de las infancias reducidas a objetos de placer, como monedas de cambio para acusar coyunturas de corrupción política o de carácter financiero. Porque la corrupción de niños, niñas y adolescentes es corrupción.
Permanecer en silencio frente a esta atrocidad, nos coloca como sociedad en igualdad de condiciones de quien busca obtener placer con el cuerpo de niñas y niños, aprovechándose de su vulnerabilidad; especial mención merecen quienes conociendo la situación no dieron oportuno aviso a las autoridades según mandato de las leyes vigentes.
Vemos con preocupación que las denuncias hayan tomado curso, más por coyunturas políticas internas que por convicción real de las vulneraciones que la pedofilia implica. No pueden los derechos de niños, niñas y adolescentes ser utilizados en el toma y daca de la politica inescrupulosa, de aquella que se vale del poder aunque sea en mínimas cuotas para “hacer uso de”…
Y otra vez la corporidad de adolescentes y niñas forman parte de esos accesos oscuros que ligan lascivia y oportunismos que aprovechan la debilidad social, cultural o económica para delinquir.
La pedofilia, el abuso sexual, es un delito de orden público porque afecta al Bien Común.
Desdeñar el conocimiento de estos hechos en nombre del consentimiento de las víctimas es un error moral que no podemos dejar pasar por alto, pues donde hay manipulación afectiva o de cualquier otra índole para acometer abusos sexuales caben todas las medidas punitivas que el sistema jurídico prevé.
Durante este tiempo, hemos observado entre algunas personas involucradas un encuadre que nos preocupa y que está relacionado a la idea de que sólo a las víctimas cabe la potestad de denunciar. Esta postura es grave y dilatoria cuando el delito tiene como foco a personas menores de edad. Corresponde a todo adulto que tiene conocimiento de tales hechos dar aviso a las instituciones. No hacerlo, es sencillamente complicidad.
Es preocupante también el foco discursivo que supedita la pedofilia, a denuncias por corrupción o violencia política. Nunca los intereses de los adultos pueden supeditar un bien jurídico mayor como la violacion de los derechos de un niño, niña y adolescente, tópico que todos los ciudadanos deben conocer, sobre todo si tienen sobre sus espaldas responsabilidades de gestión, sean judiciales o legislativas.
Nuestra discusión no es partidaria, sino de orden, legal, moral y ético. Por eso pedimos a la sociedad, a los medios de comunicación y a los hacedores de la política evitar ceñir esta discusión a un tema privado sino como un hecho que afecta gravemente la seguridad de niños y adolescentes cuando se naturaliza el acceso sexual de personas adultas. Sabemos que detrás de la pedofilia y de la divulgación de imágenes sensibles -como sucedió a través de este caso- pueden existir otras aristas ligadas a utilidades financieras o bien a otras tramas de corrupción, por eso solicitamos a quienes tienen a su cargo la investigación de estos hechos indagar en la posibilidad de la comisión de otros delitos conexos.
Desnaturalizar y problematizar estas conductas es ayudar a resguardar nuevas potenciales víctimas.
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