La situación de las rutas nacionales argentinas encendió una señal de alarma tras la publicación de un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que advierte que entre el 65% y el 70% de la red vial principal se encuentra en estado regular o malo. El relevamiento, actualizado al 31 de diciembre de 2025, destaca que la falta de mantenimiento, la paralización de obras y la subejecución del presupuesto destinado a infraestructura agravan un deterioro que afecta tanto a quienes viajan como a la economía del país.
Según el informe, que lleva por título “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial”, las rutas con baches profundos, señalización deficiente, pavimento desgranado e infraestructura comprometida se han vuelto comunes en varios corredores clave. El documento explica que el Índice de Estado (IE) —una escala de 0 a 10 que evalúa la calidad de la calzada— sitúa a la mayoría de los tramos por debajo de los estándares aceptables, con menos de la mitad de la red efectivamente inspeccionada.
El diagnóstico técnico no solo señala mal estado generalizado, sino que también alerta sobre un impacto directo en la seguridad vial y en la logística productiva del país. Las fuentes del relevamiento remarcan que la desidia en las tareas de conservación y la ausencia de obras de reconstrucción están estrechamente vinculadas con un aumento de siniestros en rutas nacionales.
En regiones como el centro y sur del país, donde tramos como la Ruta Nacional 33 (Buenos Aires–Santa Fe) y la Ruta Nacional 151 (Río Negro–La Pampa) presentan fallas estructurales severas, representantes sociales y autoridades provinciales se organizaron para reclamar soluciones. En diciembre pasado se constituyó el Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151 – Región Vaca Muerta Norte, integrado por funcionarios, gremios, cámaras empresariales y vecinos, con el objetivo de visibilizar la crítica situación de esos corredores.
El informe también pone de relieve que la subejecución de los recursos previstos para obra pública vial durante los últimos dos años ha contribuido a la creciente lentitud en la circulación, al aumento de los costos logísticos para el transporte terrestre y a un contexto de mayor riesgo para quienes utilizan estas vías diariamente.
Especialistas y grupos afectados insisten en que, sin una intervención integral que incluya mantenimiento sistemático, reconstrucción de tramos críticos y planificación estratégica, la situación continuará deteriorándose, con consecuencias negativas para la economía nacional y la seguridad de quienes transitan por estas rutas.
