Como la gran novedad oficialismo y oposición están discutiendo la reforma Constitucional, que viene freezada hace una década, y el “gran tema” parece ser la cantidad de veces que pueden ser electos los popes de la política: un mandato, dos mandatos, cien mandatos como gobernador, intendente, legislador, etc.
Eso es algo sin mayor importancia, y que depende siempre de a quién le convenga. Las reelecciones indefinidas quedaron habilitadas por la reforma que hizo el saadismo en 1988, pero después la aprovecharon los radicales, como Eduardo Brizuela del Moral que se apuntó para tres mandatos seguidos. No lo logró porque no lo votaron, pero en ese momento ninguno de los radicales que se quejan ahora se molestó. Y los peronistas que se quejaban eran los que habían hecho la norma que lo permitía, así que nadie podía decir demasiado.
El punto es que eso no cambia nada. Para terminar con la casta y sus privilegios no alcanza con cambiar figuritas. Los cambios deberían ser reales y profundos, los cambios deberían apuntar a otra cosa, no la cantidad de años que puede estar un gobernador, porque cambia la caripela de uno y el resto sigue todo igual.
Lo que no se puede permitir es que haya auténticos zánganos que vivan 40, 50, 60 años sin trabajar jamás, siempre paseándose de un cargo a otro del Estado.
No puede ser que vayan cambiando se silla de gobernador a legislador nacional, de legislador provincial a ministro, de intendente a senador y en esa calesita viven como reyes siempre los mismos y sin hacer nada. Pasan vidas enteras bancados por el erario público, como si aportaran algo. Salen de senadores y entran como asesores, les entregan al mismo tiempo el decreto de aceptación de renuncia y del nuevo nombramiento.
¡Se postulan a un cargo mientras ejercen otro y es lo más normal! Eso es lo que debería prohibirse.
Nombrar familiares en el Estado, eso debería prohibirse. Porque cada inútil que pasa por un cargo de alto funcionario se va y deja una prole de plantas permanentes de inútiles igual que él con sueldos de por vida.
Debería ponerse un límite, no a un cargo, sino a la cantidad de años que una persona puede ejercer la función pública. No puede ser que pasen décadas y décadas saltando de un cargo a otro.
Debería prohibirse que los funcionarios y sus familiares, que son los que mejores sueldos ganan, reciban viviendas construidas por el mismo Estado, pensadas para gente que en realidad necesita.
Debería prohibirse que los funcionarios multipliquen groseramente su patrimonio sin control alguno, deberían prohibirse las declaraciones juradas dibujadas, deberían prohibirse las empresas fantasmas (desde constructoras hasta páginas web) con las que se pagan a sí mismos.
Para qué seguir enumerando. La casta lo sabe mejor que nadie. Por eso no se mete con esos temas.
El Catucho.
