El diputado nacional Brizuela del Moral junto a la oposición le enviaron una nota al gobernador Jalil para demostrar su descontento por la ampliación de los miembros de la Corte de Justicia.
La nota
Quienes suscriben la presente, nos dirigimos a usted a fin de que tenga a bien utilizar los mecanismos constitucionales previstos en el artículo 149 – inc. 3º – de la Constitución Provincial.
Razones de peso no faltan para justificar lo peticionado, puesto que, en primer lugar, la ampliación de la Corte en dos nuevos miembros sin el más mínimo debate previo y constructivo, al margen de toda evaluación técnica seria sobre su pertinencia.
Tampoco obedece la mentada norma a ninguna necesidad pública, ni lo demanda la sociedad; tampoco redundará en un incremento de la calidad en la administración de justicia. Tampoco producirá esa reforma, por sí misma, un incremento en la calidad de los miembros de la alta magistratura provincial y sus sentencias, puesto que tal objetivo solamente se consigue mediante un procedimiento de selección, capacitación, evaluación y remoción de los mismos que asegure la idoneidad, el mérito, la independencia y la imparcialidad de los magistrados y la autonomía funcional y presupuestaria del Poder Judicial, extremos todos ellos ajenos a los objetivos y resultados esperables de semejante proyecto.
Es público y notorio que tal reforma no es necesaria a los fines de dividir la Corte en Salas especializadas, y generará aún más demoras en la ya lenta circulación de los expedientes entre los actuales jueces, sea que se conformen las salas o no. A los fines de crear salas en el tribunal, hubiese bastado con cumplir la ley nº 5473 que así lo ordenaba, por lo que nada augura que ahora, con dos miembros más, el citado mandato legal – hoy redundante – se cumpla.
Mayores reparos aún merece la supresión del Consejo de la Magistratura, ya que la derogación de la Ley 5012 representa un claro atropello a la independencia judicial, en cuanto elimina el procedimiento del concurso público de antecedentes y oposición para la designación de los futuros magistrados e integrantes del ministerio público; lo cual conlleva el riesgo de incorporaciones discrecionales y eventualmente arbitrarias, con el consecuente deterioro de la calidad del servicio de justicia y de la confianza y respeto que tan altas magistraturas deben inspirar en la ciudadanía. Ello da lugar a una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en la elección discrecional de los jueces, rompiendo el modelo de participación democrática, equilibrio republicano y colaboración de Poderes diseñado por la Constitución Nacional, principios que el Derecho Público Provincial ha receptado.
Lo anterior permite vislumbrar sin demasiado esfuerzo una segunda causal de ruptura inconstitucional de las bases de la organización político – jurídica de nuestra sociedad, puesto que la designación de los magistrados provinciales debe efectuarse asegurando, entre otras cuestiones, valoraciones objetivas (independientes e imparciales) de los conocimientos de los candidatos, respeto por el orden de mérito, de manera fundada y no discriminatoria (lo contrario de una discrecionalidad arbitraria, al margen de los estándares citados), asegurando la igualdad de oportunidades objetivas de los candidatos para acceder a los cargos, por un procedimiento selectivo organizado por el Poder Ejecutivo y finalizado por una decisión del mismo poder (artículos nº n149 – inc. 18 – y cc. de la Constitución Provincial) constituye una afrenta a los estándares convencionales de selección y designación de jueces fijados por los artículos nº 1, 2, 8, 23.1, 30 y cc. del Pacto de San José de Costa Rica y normas concordantes.
Advertirá Ud. entonces la gravedad institucional generada por una ley sancionada, lo cual ha derivado en una severa preocupación en la ciudadanía, quien teme que sus derechos y libertades se vean afectadas.
Instamos a una respetuosa invitación a la reflexión y actuación conforme a Derecho y a velar por el respeto de la institucionalidad, por quien inviste las más altas funciones y responsabilidades decisorias en la Provincia y en pos de la construcción de una mejor sociedad, con mejores instituciones, al igual que un firme compromiso por parte de los firmantes de ponerse a disposición para colaborar en una legítima y eficaz reforma del Poder Judicial, para una mejor convivencia pacífica de todos los catamarqueños.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlo con cordial respeto.
Eduardo Brizuela del Moral
Ricardo Gaspar Guzman
Martha Grimaux de Blanco
Guillermo Kilo Herrera
Jorge Sosa
Verónica Rodriguez
Alicia Paz de la Quintana
Luis Eduardo Aguero
Paola Bazan
Marisa Noblega
Francisco Monti
Fernando Augusto Navarro
Carlos Marsilli
Enrique Cesarini