El fiscal de Cámara Augusto Barros presentó este lunes su renuncia al cargo de Fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público en el proceso contra el fiscal Hugo Costilla, acusado de presunto mal desempeño e incumplimiento de sus deberes en la causa “Wika”.
La dimisión fue elevada a la Corte de Justicia de Catamarca, acompañada de un escrito en el que Barros fundamentó su decisión. Allí también informó que pidió al Tribunal de Enjuiciamiento abstenerse de resolver cualquier planteo pendiente hasta que se acepte su renuncia y se designe un nuevo fiscal.
Entre los motivos expuestos, Barros sostuvo que su apartamiento responde a “razones de ética institucional” y a la necesidad de “reforzar la transparencia y la fortaleza del procedimiento de enjuiciamiento, evitando que ataques infundados se conviertan en pretexto para menoscabarlo”.
En su presentación, denunció haber sido objeto de descalificaciones “personales y profesionales absolutamente injustificadas” durante los procesos en los que intervino, atribuyéndolas a una “estrategia deliberada de dilación” de las defensas. “Se me ha acusado de incapacidad técnica, de ilegitimidad en el cargo, de actuar con emotividad antes que con rigor, e incluso se ha pretendido ridiculizar mi racionalidad. Tales afirmaciones son falaces y las niego categóricamente”, subrayó.
El fiscal apeló incluso al precedente “Llerena” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avala el apartamiento de un magistrado cuando cualquier circunstancia pueda afectar la confianza pública en su desempeño. En esa línea, explicó que su dimisión “no es rendición ni aceptación de los ataques recibidos, sino el acto más claro de responsabilidad institucional”.
“Renuncio porque nada es más importante que la confianza ciudadana en la Justicia. Mi apartamiento blinda así al procedimiento contra cualquier sospecha o nulidad futura, devolviendo al proceso la serenidad que merece”, concluyó en su escrito.
Cabe recordar que el juicio político contra Costilla debía comenzar hoy, pero fue suspendido la semana pasada tras la denuncia del propio fiscal contra Barros y el secretario de la Corte, Arturo Herrera Basualdo. Con esta nueva situación, el futuro del proceso disciplinario sigue en suspenso hasta que se designe un reemplazante.
