Las autoridades argentinas iniciaron una investigación disciplinaria en la Base Antártica Conjunta Petrel luego de que se presentara una denuncia formal que advierte sobre posibles incumplimientos de la normativa ambiental vigente en el continente antártico. El caso es analizado por el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), en el marco de las obligaciones asumidas por el país dentro del sistema del Tratado Antártico.
La denuncia fue elevada a comienzos de enero al Estado Mayor Conjunto por el segundo jefe de la base y señala conductas atribuidas al jefe de la instalación, el capitán de fragata Cristian Gabriel De Gregori. Entre los hechos mencionados figuran maniobras irregulares para la eliminación de restos de combustibles y aceites, que habrían sido descartados mediante quema o vertido directo en el terreno.
De confirmarse, estas prácticas contravendrían las disposiciones del Protocolo de Madrid, que regula la protección ambiental en la Antártida y prohíbe expresamente la quema a cielo abierto de residuos peligrosos, plásticos y otros materiales contaminantes. La normativa establece que los desechos deben ser gestionados y retirados del continente para evitar impactos en un ecosistema considerado especialmente vulnerable.
El informe interno también menciona la presunta incineración de otros residuos, como víveres vencidos y restos de materiales de obra, además de advertir sobre situaciones de tensión y maltrato verbal dentro de la base, en un contexto operativo marcado por el aislamiento extremo.
La investigación continúa en curso y las autoridades evaluarán si corresponde la aplicación de sanciones administrativas o disciplinarias, en función de los resultados del sumario y de la verificación de los hechos denunciados.
