Mientras la investigación sobre el escándalo cripto de $LIBRA —que involucra al presidente Javier Milei— sigue generando repercusiones, una nueva estafa comienza a tomar forma bajo el nombre de Atómico 3, un supuesto proyecto de tokenización de litio que ya dejó más de un centenar de damnificados en el país.
Cabe recordar que Alconada Mon afrontó un ataque sistemático y coordinado para hackear sus cuentas y amedrentarlo en medio de la investigación que involucra a los hermanos Milei. El ataque abarcó diez intentos para tomar el control de la cuenta de WhatsApp del periodista, como también un intento de ingresar a su cuenta en la red social X, además de enviarle insultos y amenazas a su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos, y registrarlo con su nombre en una página pornográfica.
Con la intención de impulsar un proyecto de tokenización de litio, el empresario de la construcción Héctor Cuenya inscribió oficialmente la Cámara Argentina del Litio en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI). Inspirado por las ideas del economista y fundador de Atómico 3 —Pablo Rutigliano, de quien hablaremos más adelante, Cuenya comenzó a consultar a referentes del sector para evaluar la viabilidad de un ambicioso plan: tokenizar el litio y lanzar un criptoactivo respaldado por reservas certificadas del mineral.
Sin embargo, la respuesta que recibió Cuenya fue categórica: expertos del sector le advirtieron que la iniciativa no solo era inviable desde el punto de vista técnico y legal, sino que, de llevarse a cabo, podría constituir un fraude. Ante estas advertencias, el empresario optó por dar marcha atrás y mantener el registro de la Cámara Argentina del Litio a su nombre, pero sin ponerlo en funcionamiento.
No obstante, el panorama se complicó con Rutigliano, quien llegó a presentarse públicamente como titular de la Cámara Argentina del Litio. Tiempo después, Rutigliano reapareció oponiéndose formalmente al registro de la marca registrada ante el IMPI por parte de Cuenya, en un intento de apropiarse de la titularidad. Situación que se definió en el IMPI a favor del empresario Cuenya.
Así fue como Pablo Rutigliano terminó registrando una nueva entidad, esta vez bajo el nombre de “Cámara Latinoamericana del Litio”, en la República del Paraguay. En esta ocasión, incorporó como miembro a Walter Binda, un empresario vinculado a contratos con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según fuentes consultadas por este medio, Binda no solo suele presentarse como allegado al expresidente Mauricio Macri, sino que esa relación personal fue confirmada como auténtica.
Antonio Botta es una figura controvertida dentro del ámbito financiero, conocido por su historial de maniobras fraudulentas. Tucumano de origen, desempeña un rol central en la creación de Atómico 3, ya que fue quien aportó los supuestos certificados de tenencia de yacimientos mineros en la provincia de Catamarca. Sin embargo, estos títulos carecen de validez legal, dado que nunca se cumplieron los requisitos establecidos por el Código de Minería para avanzar con un proyecto de esa naturaleza. Las concesiones en cuestión le fueron otorgadas en su momento por el entonces juez de Minas de Catamarca, Raúl Cerdas, durante la gestión de la exgobernadora filokirchnerista Alicia Corpacci.
Con la asunción del actual gobernador Raúl Jalil, el juez de Minas, Raúl Cerda, presentó su retiro anticipado, en medio de múltiples denuncias por corrupción dentro del juzgado que encabezaba. Estas acusaciones, ampliamente difundidas en su momento por este medio, expusieron graves irregularidades en la administración de concesiones mineras en la provincia.
Fuentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmaron a este medio que desde hace varios meses se lleva adelante una investigación interna, impulsada por múltiples denuncias anónimas y artículos periodísticos publicados en distintos medios. Estas investigaciones podrían derivar en inminentes acciones civiles y penales contra Pablo Rutigliano y otros integrantes y asociados de la Cámara, en un escenario que, de comprobarse la existencia de una maniobra fraudulenta, pondría en riesgo la libertad de los involucrados.
Qué prometía la plataforma
Atómico 3 ofrecía a los ahorristas la posibilidad de ingresar “con apenas 100 dólares” al negocio del litio argentino. Su web asegura que cada token representaba una fracción de reservas certificadas y garantizaba “un rendimiento anual del 30 %”.
Sin embargo, la empresa nunca reveló un informe NI 43‑101 ni un estudio JORC —estándares internacionales que avalan los recursos mineros— y tampoco exhibió contrato alguno con los titulares de las concesiones. Voceros de Livent, Allkem y Ganfeng, los pesos pesados del Triángulo del Litio, negaron cualquier vínculo con el proyecto.
La advertencia de las provincias y de la Cámara Minera
El sistema jurídico argentino es taxativo: las provincias son dueñas originarias de sus recursos y solo las empresas con concesiones válidas pueden disponer de ellos. Esa potestad incluye decidir si tokenizan o no sus activos. Por eso, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) emitió un comunicado inusual: “Ninguna compañía con litio en el país ha autorizado tokenizar sus reservas; cualquier oferta en ese sentido es engañosa”. Gobernadores del NOA respaldaron la advertencia y ratificaron que jamás otorgaron permisos a terceros para “traducir salmuera en criptoactivos”.
El relato de los damnificados
Cuando los primeros compradores intentaron vender sus tokens o retirar fondos, la plataforma bloqueó las cuentas con la excusa de un “mantenimiento de la blockchain”. Las trabas reavivaron la sospecha y alimentaron dos grupos de afectados que hoy reúnen más de 120 miembros: “Atómico 3 es una estafa” en Facebook y “AT3 SCAM” en Telegram.
Mariana López, diseñadora gráfica de Rosario, relata que puso u$s 8.000 seducida por la promesa de diversificar su cartera: “Me pintaron un futuro verde y sustentable. Cuando quise salir, el precio se desplomó y nunca más pude recuperar mi dinero”.
En enero, el Gobierno reglamentó el PSAV para obligar a exchanges y emisores de criptoactivos a radicarse en la Argentina, demostrar un capital mínimo de ARS 370 millones y someterse a auditorías anuales.
Si la CNV halla indicios de infracción, podrá abrir un sumario, suspender la oferta y solicitar a la justicia federal que bloquee los sitios web que operen desde el exterior.
También podría pedir la colaboración de la Superintendencia de Valores de Paraguay para identificar a los beneficiarios finales de la sociedad. En paralelo, los inversores evalúan presentar una querella por estafa; de prosperar, la causa se acumularía con otros expedientes sobre fraudes cripto que ya tramita el fuero penal económico.
Fuentes de la CNV admiten que el caso Atómico 3 “ilustra la necesidad” de una norma urgente. “La tokenización puede ser útil para financiar proyectos reales —explica una comisionada—, pero sin reservas auditadas y trazabilidad es puro humo”.
Con información de Último Cable