Argentina busca frenar la entrega de acciones de YPF mientras avanza la apelación en EE.UU

Argentina presentará este martes 22 de julio un nuevo escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de mantener vigente la suspensión de la entrega de acciones de YPF. La medida había sido dispuesta por la jueza Loretta Preska, pero ahora el país busca que esa interrupción se extienda durante todo el proceso de apelación y no se limite solo a las actuales instancias procesales.

El planteo será realizado por los abogados que representan al Estado argentino, quienes argumentarán ante el tribunal superior que es necesario sostener la pausa en la ejecución del fallo mientras se resuelve el fondo del caso, que involucra una sentencia por 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF.

El contexto judicial se modificó en los últimos días. Los beneficiarios del fallo, que en principio exigían la entrega de acciones de la petrolera, comunicaron ahora a la Corte que no buscan tomar posesión de esos activos, aunque sí reclaman que Argentina deposite una garantía como condición para continuar la apelación. Esta nueva postura llega luego del respaldo del gobierno de Estados Unidos a través de un escrito amicus curiae que favorece la posición argentina.

Con este cambio de escenario, el Ejecutivo nacional intenta ganar tiempo y evitar el desprendimiento inmediato de las acciones de la compañía, mientras tramita la apelación bajo un panorama menos adverso que el original.

En caso de que la Corte de Apelaciones rechace el pedido argentino, volvería a estar vigente la orden de Preska, lo que obligaría al país a cumplir con la entrega o enfrentarse a un posible proceso de desacato.

Aunque la figura del desacato no está expresamente contemplada para Estados soberanos, su aplicación podría implicar sanciones económicas o afectar la imagen y credibilidad de Argentina ante organismos internacionales y los mercados financieros, generando nuevas trabas en el ya complejo acceso a financiamiento externo.

Por eso, el escrito que se presentará esta semana resulta clave para definir si el país podrá sostener su estrategia legal sin enfrentar consecuencias inmediatas.