“No voy a cambiar una coma, y Martín (Guzmán) es el único autorizado para conversar con los fondos”, repite el Presidente, una y otra vez, cuando se topa con una nueva operación de lobby a favor de los bonistas bajo legislación extranjera.
El Presidente tiene ciertos argumentos políticos-financieros para rechazar a los representantes de los fondos que ingresan a su intimidad de Olivos en forma personal o digital. “Nuestra oferta es menor que la sugerencia de quita que propuso el Fondo Monetario Internacional (FMI), y lo hicimos para demostrar que queremos cerrar y evitar el default”, argumenta Alberto Fernández con los números ya aprendidos de memoria.
Los fondos de inversión consideran que Alberto Fernández tiene un discurso cerrado, que el ministro de Economía no entiende cómo se debe negociar con los acreedores externos, que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, presenta una mirada equivocada respecto a la posible resolución de la deuda externa argentina, que la Universidad de Columbia de New York -adonde da clases Guzmán- es una mala influencia y que el premio Nobel Joseph Stiglitz ya está demodé.
El Presidente rechaza cada uno de esos argumentos presentados por los bonistas y está convencido de la línea ideológica que aplican Georgieva, Stiglitz, Guzmán y la Universidad de Columbia respecto al manejo de la deuda externa y de sus tenedores privados en plena crisis del COVID-19.
En este contexto, con ambas partes en posiciones intransigentes, no se descarta que haya default. Sería una paradoja de difícil explicación: Alberto Fernández y los principales fondos de inversión juran que no quieren llegar a los tribunales de New York. Pero a pocos días de la fecha límite fijada por Guzmán -8 de mayo-, todo parece indicar lo contrario.
“El Fondo dijo que la solvencia se alcanzaba con una quita que iba de los 55 mil millones de dólares a los 85 mil millones. Y nosotros hicimos una oferta que apenas está por arriba de los 50 mil millones. No hay nada que negociar”, argumenta el jefe de Estado.