“Entiéndase bien Sres. Jueces, lo que ocurre es equivalente a que mañana aparezcan personas hablando en Persa (asumo que ninguno de los juzgante habla ese idioma) en nuestro domicilio, vestidos con sus atuendos típicos y se lleven a un familiar nuestro. Así de trágica, caótica y desesperante es la situación por la cual se encuentran atravesando estas personas a la fecha”.
Con esta apelación directa a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados Daniel Suizer y Francisco Oneto describieron “los atropellos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios de la provincia de Formosa a manos de sus autoridades” en el marco de las medidas extremas dispuestas por el Gobierno provincial por la pandemia. Los letrados ya intervinieron ante la Justicia en varios casos de varados en la frontera a los que el Ejecutivo formoseño les impedía ingresar a la provincia para blindar el territorio ante potenciales contagios.
Suizer y Oneto describieron crudamente ante los integrantes de la CIDH la situación que están viviendo las comunidades originarias Wichi, Pilagá y Qom de Formosa. “Cuando personas pertenecientes a pueblos originarios son llevadas a los centros de aislamiento, sus familiares ignoran a dónde los llevan. Esto se debe en gran medida a que el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas, en clara situación de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en su lengua originaria. De esa manera se configura una clara desaparición forzada, pues por un motivo u otro los originarios no saben a donde están sus familiares”.
Los abogados acudieron al máximo organismo internacional en el continente en temas de derechos humanos por considerar que se está frente a una violación por parte del estado formoseño de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que define a esta figura como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Según relataron en la cautelar, debido a estas prácticas por parte de las autoridades de Formosa, muchos de los integrantes de estas comunidades originarias optaron por irse a vivir al monte, situación que los equipara -según los abogados- en “desplazados internos”, tal como lo entiende la Convención Americana de Derechos Humanos. “Los originarios huyen al monte buscando evitar ser víctimas de desaparición forzosa, en un contexto donde el estado no hace el mínimo esfuerzo por comunicarles en un lenguaje claro y entendible lo que está ocurriendo. La CIDH considera que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus integrantes, los puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”, argumentaron.
En la presentación detallaron cómo funciona la política sanitaria formoseña, caracterizada por un confinamiento extremo, falta de información y decisiones discrecionales. “En las comunidades originarias, policías y personal de salud les realizan hisopados, y en caso de que uno de ellos tenga resultado de hisopado positivo para COVID-19, es sacado de su comunidad, y trasladado a un centro de cuarentena del gobierno. Dichos centros son escuelas, y se encuentran en la localidad de Ingeniero Juárez, distante a unos 100 kilómetros de sus comunidades en algunos casos. Allí son encerrados por 14 días y en caso que el hisopado realizado ya bajo el encierro, nuevamente resulte positivo, se quedan por otros 14 días encerrados, sin conexión con sus familiares. Sin embargo, están apareciendo quejas de que aún los dejan encerrados cuando el hisopado da negativo”, explicaron sobre el rígido sistema sanitario establecido en Formosa que ya fue denunciado por la oposición y la organización Amnistía Internacional como violatorio de los derechos humanos.
Pese a las críticas crecientes sobre esta política “autoritaria” y “violatoria de los derechos humanos” por las condiciones de hacinamiento e “infrahumanas” de los centros de aislamiento, el Gobierno descalificó las acusaciones, a través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
“La mayoría de los miembros de comunidades originarias no hablan idioma español, solo su idioma nativo, por ende no existe comunicación con las personas que se llevan a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, y del estado no existe un mínimo esfuerzo para poder hablar su lengua. De ese modo, a los originarios no les informan a donde se llevan a sus familiares, configurándose así los tres requisitos para que exista una desaparición forzada, 1) privación de libertad 2) participación de agentes estatales, 3) omitir informar a los familiares del detenido a donde lo llevan”, sostuvieron Suizer y Oneto en su presentación ante la CIDH.
En cuanto a los lugares en donde se los alojan, los abogados alertaron que “carecen de las comodidades mínimas, están hacinados, no tienen agua potable, ni tampoco atención médica y psicológica permanente para que los contengan”, y solo están “cuidados por una guardia policial”. Esto derivó, por ejemplo, en el caso de Normanda Agüero, quien debió permanecer 14 días encerrada esas condiciones, lejos de su familia, de sus hijos, de sus padres. Tras iniciar una huelga de hambre, el 19 de octubre pasado sufrió una descompensación, y al no haber médicos en el lugar, “otras originarias oraban en su lengua implorando a Dios la recuperación”, según relataron los letrados en la presentación.
“Es necesario decir que es el Estado de la provincia de Formosa el que ordena estos encierros en estas condiciones, ninguno de los originarios es llevado a esos lugares por su propia voluntad”, abundaron Suizer y Oneto.
“Acciones como las descriptas vienen siendo práctica común en la provincia de Formosa con las comunidades originarias, muy lejos de cumplirse lo establecido por la CIDH en su Resolución No. 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, las acciones del gobierno de Formosa, actualmente y conforme pruebas gráficas y documentales que se adjuntan, resultan totalmente desproporcionadas, irrazonables y violatorias de los derechos humanos de las comunidades originarias”, señalaron. La presentación fue acompañada de más de una docena de videos, audios, testimonios y fotos de caciques, dirigentes originarios, pastores religiosos, madres originarias, personas originarias privadas de su libertad y puestas en cuarentena lejos de sus familias y sus tierras.
“Esto genera un temor abrumador, que hace que muchos originarios huyan a vivir en los montes. Ante la falta de comunicación, solo tienen la vivencia de que unos desconocidos llevan a sus familiares, sin saber el motivo ni el lugar donde son trasladados”, buscaron hacerle entender a los integrantes de la CIDH cómo viven los aborígenes las irrupciones de los efectivos policiales sin las debidas explicaciones.
“Madres originarias, que detectaron a sus familiares, fueron a buscar una respuesta a la situación y solicitar mejores condiciones de alojamiento, pero lejos de otorgarle una respuesta, el estado de la provincia de Formosa, a través de la fuerza policial, las detiene y las encarcela”, alertaron los abogados, quienes agregaron que “su derecho de peticionar a las autoridades se viene violentando sistemáticamente”, agregaron.
