Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, la fecha que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina y que quedó grabada como uno de los quiebres más profundos de la vida democrática del país. Aquella madrugada, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, tomaron el control del Estado e inauguraron un régimen que se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Desde entonces, cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada destinada a recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y a reafirmar el compromiso democrático. La efeméride fue establecida por la Ley 25.633 en 2002 y se convirtió en feriado nacional en 2006.
El golpe se concretó durante la madrugada del 24 de marzo de 1976. La entonces presidenta Isabel Perón fue detenida y trasladada en helicóptero, mientras una Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti asumió el poder en nombre del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. A partir de ese momento, quedó interrumpido el orden constitucional: se disolvió el Congreso, se desplazó a la Corte Suprema, se removieron gobernadores e intendentes, se suspendió la actividad política y sindical y quedaron anuladas garantías y libertades básicas.
Con el nuevo régimen comenzó un plan sistemático de represión ilegal en todo el país. Bajo la lógica del terrorismo de Estado, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en centros clandestinos de detención que funcionaron de manera secreta en distintas provincias. Según materiales oficiales y educativos del Estado, durante la dictadura operaron más de 500 centros clandestinos y se desplegó un aparato represivo destinado a perseguir y eliminar a opositores políticos, militantes, trabajadores, estudiantes, periodistas, artistas y ciudadanos señalados como “subversivos”. La desaparición forzada de personas, la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, la censura y el disciplinamiento social se convirtieron en marcas distintivas de ese período.
A diferencia de otros golpes de Estado en la historia argentina, el de 1976 quedó asociado de manera directa al concepto de terrorismo de Estado por la escala, la clandestinidad y la sistematicidad de la represión. La dictadura no sólo persiguió a personas, sino que también alteró de forma profunda la vida institucional, social, cultural y económica del país. La represión se desarrolló fuera de la ley, con secuestros sin orden judicial, centros clandestinos y desapariciones destinadas a borrar toda huella de los crímenes y negar incluso el destino de las víctimas.
Con el regreso de la democracia en 1983 comenzó el camino de memoria, verdad y justicia. La creación de la Conadep, el informe Nunca Más y el Juicio a las Juntas de 1985 marcaron un punto de inflexión en la reconstrucción de lo ocurrido y en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, el 24 de marzo se consolidó como una fecha de fuerte peso cívico, social e institucional, sostenida también por la lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que mantuvieron durante décadas el reclamo por verdad, justicia e identidad.
En este 50° aniversario, la conmemoración adquiere una dimensión especial no sólo por el peso simbólico de la fecha, sino también por la persistencia de discursos que intentan relativizar o distorsionar lo ocurrido. En las últimas horas, volvieron a circular desinformaciones vinculadas a la última dictadura, especialmente en redes sociales, en un contexto que vuelve a poner de relieve la necesidad de responder con evidencia histórica y datos verificados frente a versiones falsas sobre uno de los períodos más graves de la historia argentina.
A medio siglo de aquel 24 de marzo, la fecha conserva una vigencia que excede la efeméride. No se trata sólo de recordar el inicio de una dictadura, sino de volver sobre el momento exacto en que la Argentina perdió su orden constitucional y quedó sometida a un régimen que hizo del miedo, la persecución y la desaparición una política de Estado. Por eso, cada 24 de marzo sigue siendo, además de un homenaje a las víctimas, una advertencia histórica: que el quiebre democrático de 1976 y sus consecuencias no vuelvan a repetirse.
