El 15 de julio del 2010, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en reconocer el derecho a que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Además, fue el segundo país de América – después de Canadá – y el décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de unión.
Legalmente, se llamó Ley 26.618 de Matrimonio Civil pero popularmente se conoce como Ley de Matrimonio Igualitario. “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, establece el artículo 2 de la Ley que significó un enorme avance en materia de derechos humanos.
La normativa fue el resultado de extensas campañas llevadas a cabo por organizaciones LGBTIQ+ desde la década del 90.
El antecedente inmediato de esta medida fue una Ley de de Unión Civil de diciembre del 2002 promulgada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permitió uniones civiles para parejas del mismo sexo. El proyecto había sido presentado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Aún así, con esa conquista bajo el brazo, organizaciones como CHA y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) siguieron presentando a lo largo de los años siguientes proyectos de ley para que se aprobara a nivel nacional la unión civil o matrimonio igualitario que contemplara plena igualdad de derechos y obligaciones que a las parejas heterosexuales.
Desde 2007 fueron presentadas acciones de amparo en la Justicia, reclamando que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el ejercicio del derecho al matrimonio a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
El primer amparo judicial para que se declarase la inconstitucionalidad de dos artículos del código civil que impedían el matrimonio entre personas del mismo sexo fue presentado por María Rachid, presidenta de la FALGBT, junto con su pareja Claudia Castro, vicepresidenta la misma organización.
Sin embargo, el primer matrimonio civil entre personas del mismo sexo de Latinoamérica y el Caribe pudo ser realizado en Tierra del Fuego, Usuahia, el 28 de diciembre de 2009 gracias al decreto 2996/09 emitido por la gobernadora de la provincia Fabiana Ríos quien declaró inconstitucional la incapacidad de conseguir un matrimonio igualitario.
Así, Alex Freyre y José María Di Bello fue la primera pareja homosexual en contraer matrimonio a través de un recurso extraordinario antes de la sanción formal de la Ley. En total, ocurrieron ocho matrimonios más antes de la aprobación de la ley nacional el 15 de julio de 2010.
Finalmente, los proyectos avanzaron y en mayo del 2010 la Cámara de Diputados aprobó la medida para modificar el Código Civil a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dos meses más tarde, el Senado aprobó la Ley 26.618 el 15 de julio de 2010.