Tras la reapertura de las actividades en gran parte del territorio argentino, un informe oficial reflejó este lunes que 21 provincias ya tienen más del 75% del empleo privado habilitado para trabajar, y que la industria y el comercio pueden operar casi en su totalidad en la mayoría de ellas.
Según los datos recolectados hasta comienzos de junio por el Centro de Estudios para la Producción(CEP XXI), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, 15 provincias tienen más del 80% del empleo habilitado mientras que otras 6 poseen entre el 75% y el 80% de los trabajos en funcionamiento.
La reactivación del trabajo en diferentes jurisdicciones del país fue uno de los pocos puntos positivos que resaltó el CEP en este contexto de pandemia a través de su “semáforo de la economía real”.
Los otros aspectos que tuvieron un carácter esperanzador fueron la desaceleración de la inflación de alimentos en supermercados, que pasó del 2,5% en marzo al 0,8% en mayo, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, y el crecimiento en las exportaciones de productos primarios.
Por otra parte, el centro de estudios destacó que la gradual puesta en marcha de la economía también se reflejó en otros indicadores como el consumo de energía en las plantas industriales que, según CAMMESA, se recuperó en la mayoría de los sectores aunque “todavía permanece por debajo de los niveles pre-cuarentena”.
A modo de ejemplo, el consumo energético en la industria automotriz, en relación a la etapa previa al aislamiento, aumentó desde el 33% registrado en la primera quincena de mayo hasta el 68% contemplado a principios del mes en curso. En el mismo sentido, en la siderurgia pasó del 20% al 72%.
A pesar de los alentadores indicadores, el informe aclaró que las secuelas de la pandemia ya comenzaron a sentirse. Esto se percibió al observar que, entre febrero y abril, alrededor de 15 mil empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP, con una incidencia relevante del sector de hoteles y restaurantes.
Además, en marzo se redujeron 48 mil puestos de trabajo asalariado formal, lo cual significó una caída mensual del 0,8%, la mayor disminución desde la crisis de 2002. De acuerdo al análisis del CEP, esto no se produjo por despidos sino por ausencia de nuevas contrataciones, que no lograron compensar las bajas por renuncias o finalización de contratos.
En ese marco, desde el Ministerio de Producción resaltaron la importancia de los programas de asistencia estatal para evitar un aumento de la pobreza y sostener los ingresos de las empresas afectadas por la paralización económica.
Los datos del informe mostraron que la primera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a 8,4 millones de personas. En conjunto con otras medidas como el refuerzo de la AUH o la Tarjeta Alimentar, evitaron que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre.
En cuanto a la ayuda a las empresas, se destacó que 2,34 millones de ocupados que trabajan en alrededor de 245 mil empresas cobraron sus salarios de abril a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) mientras que, para los salarios de mayo, se aprobó este beneficio para 242 mil empresas que emplean a 2,04 millones de trabajadores.
Frente al deterioro de la actividad económica, la inversión y el empleo, el centro remarcó la importancia de que se haya retomado la actividad en la mayor parte del país.
“Si abril será recordado como el mes con caídas récord históricas en la mayoría de los sectores productivos, mayo se caracterizó por la puesta en marcha de buena parte del aparato productivo”, sostuvo el CEP.
Al respecto, aclaró que en la gran mayoría del país la reapertura fue pronunciada aunque en el AMBA se dio a un ritmo menor debido a las evidentes dificultades para controlar la pandemia.