Alberto Fernández entiende las consecuencias políticas, financieras y económicas del default, pero diseñó una estrategia de negociación con los fondos de Wall Street que bloquea la posibilidad de pagar los 503 millones de dólares del bono Global que vence el 22 de mayo.
Es una situación histórica y paradojal: a diferencia de Alberto Rodríguez Saá, no quiere ejecutar un nuevo incumplimiento soberano. Y en sintonía con las decisiones de poder de Néstor Kirchner, asume que honrar las deudas implicará cierta autonomía y beneficios futuros en el escenario mundial distópico que dejará la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, el Presidente no cancelará esa deuda mínima el 22 de mayo. Su apuesta es cerrar la negociación con los bonistas bajo legislación extranjera y colocar en esa reestructuración a todos vencimientos del 2020. Se trata de 3.300 millones de dólares, una cifra que Alberto Fernández aguarda incluir en el acuerdo definitivo con los acreedores privados.
Los fondos de inversión -que presentaron dos contraofertas distintas- ya asumieron que la quinta de Olivos no pagará los 503 millones de dólares que están en período de cura y que tienen vencimiento el próximo viernes. La apuesta de los bonistas consiste en “no acelerar” el default, abrir un waiver sui generis para cerrar las negociaciones y enterrar el incumplimiento legal en los términos del acuerdo que se podría concluir a principios de junio.
En este contexto, Alberto Fernández es sostenido por una coyuntura inédita: los bonistas consentirán un default para seguir conversando con Martín Guzmán, el Fondo Monetario Internacional -a diferencia de otras crisis financieras- está a favor de la Argentina y cuestiona a los acreedores privados, y la opinión pública mayoritaria considera necesario acordar con los acreedores privados que exigen 66.000 millones de dólares.