Concretas o simbólicas, muchas de las dictaduras que gobernaron el país por la fuerza dejaron en la mochila de la democracia 156 leyes que aún en la actualidad, casi cuatro décadas después del último día de gobierno de facto, están vigentes.
Al menos 13 de estas leyes-decreto benefician específicamente a la Iglesia católica y, sobre todo, al bolsillo de sus jerarquías. Seis, más un decreto, fueron sancionadas durante la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 y terminó el 10 de diciembre de 1983. Si bien la Iglesia comenzó un proceso de renuncia a estos privilegios, todavía hoy los obispados reciben dinero del Estado por decisión de Videla.
La ley 21.950, firmada el 7 de marzo de 1979, establece que los arzobispos y obispos gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos.
También, la ley 21.540, sancionada el 21 de septiembre de 1982, decreta que los arzobispos y obispos que cesen en sus cargos por razones de edad o de invalidez, gozarán de una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia.
Los curas en zonas de frontera tienen desde la sanción de un decreto-ley del 13 de febrero de 1980, una asignación mensual equivalente a la de la categoría 16 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, que es el “personal de ejecución”.
Otra ley de las firmadas por Videla otorga una asignación mensual vitalicia a sacerdotes mayores de 70 años no amparados por un régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.
Estos beneficios fueron varias veces cuestionados el poder político. A finales de 2002, el Congreso votó la derogación de estas leyes entre otras que otorgaban las famosas jubilaciones de privilegio. Pero el entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, vetó esa derogación de las leyes que beneficiaban a los obispos y mantuvo el privilegio.
Ahora, la Organización Laicista Argentina (OLA), donde confluyen unas 50 agrupaciones de los derechos humanos, la diversidad de género, o la ayuda social, presentó un anteproyecto de ley por iniciativa popular que propone, nuevamente, la derogación de estas normas, entre otras, como el sostenimiento mensual a la formación del Clero Diocesano y de otras Órdenes de la Iglesia Católica, una ley votada por el dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone. Por cada seminarista, la Iglesia recibe un monto equivalente a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.