El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, abrió ayer una investigación preliminar contra el presidente Jair Bolsonaro y el ministro de Salud, general en actividad Eduardo Pazuello, por el colapso del sistema sanitario y la falta de oxígeno que mató por asfixia a pacientes de coronavirus en los estados amazónicos de Amazonas y Pará, se informó oficialmente.
La apertura de esta investigación preliminar se produce luego de un pedido hecho ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país, por el Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
El carácter de preliminar obliga a la fiscalía a evaluar si existen pruebas para iniciar una causa ante la corte suprema contra Bolsonaro no sólo apenas por el colapso sanitario, sino por haber convertido en política de salud pública la administración de remedios como vermífugos como Ivermecticina y antipalúdicos como la hidroxicloriquina, sin efectividad comprobada contra el coronavirus.
Según la denuncia del bloque de diputados del PCdoB, Bolsonaro y Pazuello deben ser responsabilizados.
El ministro de Salud por “su inercia” frente a la debacle del sistema tras haber sido advertido días antes del colapso del 13 y 14 de enero en los hospitales de Manaos y Bolsonaro “por su posición sin compromiso en relación a las políticas contra la pandemia en el Sistema Único de Salud”.
El fiscal escribió a la corte que la investigación preliminar sirve para verificar los hechos narrados en la denuncia.
“En caso de que eventualmente aparezcan indicios razonables de posibles prácticas delictivas por parte de los denunciados, será requerida la instrucción de una causa en el STF, la máxima corte del país”, escribió el fiscal Aras, quien llegó al cargo por designación de Bolsonaro el año pasado.
El estado de Amazonas es el que tiene los peores registros de Brasil. Según el Ministerio de Salud, con 4,1 millones de habitantes, acumula 276.551 casos, siendo que son 6.673 positivos por cada 100.000 habitantes.
Amazonas acumula 8.716 muertos y la tasa de fallecidos es la más alta del país, con 210 decesos por cada 100.000 habitantes.