Todavía se recuerda en Catamarca la zozobra, la violencia y el escándalo de la revuelta policial de diciembre de 2013, cuando cientos de uniformados virtualmente tomaron Casa de Gobierno y mantuvieron de rehén a la propia gobernadora Lucía Corpacci desde la mañana hasta la madrugada siguiente.
Hubo incidentes, disparos, destrozos. Anarquía total durante varias horas. ¿Y todo por qué? Por un aumento de sueldo, que para colmo recibieron. Era un pedido más, igual a los que hacen todos los trabajadores de todos los rubros.
Pero como la policía no puede sindicalizarse, como no pueden abrir la boca, protestar ni nada, se formó una olla a presión que explotó, en el marco de un conflicto nacional, de la peor manera.
¿Y si los dejaban protestar normalmente? Como cualquier otro, que pudieran pedir un aumento, pedir alguna mejora, negociar, quejarse, acordar… seguramente no se hubiera llegado a ese extremo. Pero no pueden.
Para cambiar esta historia, Chaco se puso a la vanguardia con una medida revolucionaria.
Jorge “Coki” Capitanich se desmarcó a nivel país y presentó un proyecto de ley que habilita la posibilidad de que policías y efectivos del servicio penitenciario de Chaco puedan crear una “asociación civil” para negociar condiciones salariales y laborales, y que les da la facultad de desplegar medidas de protesta programadas.
El permiso tiene sus límites lógicos: pueden protestar no más de 15 minutos por día y 45 minutos por semana, por el carácter “esencial” del servicio. ¡Pero pueden!
Se trata del proyecto de Ley de Derecho de Asociación de las Fuerzas de Seguridad, que debería ser imitado por el resto de las provincias, porque da la chance de escuchar, de responder, y evitar males mayores. También de abortar cualquier revuelta que se organice por internas, con la excusa de pedir un aumento.
“Es una iniciativa para regular y propiciar la representación de las fuerzas de seguridad ante el Poder Ejecutivo en materia de salario, condiciones de trabajo y defensa de intereses profesionales. Es un modelo innovador y un salto cualitativo de los intereses de la fuerza de seguridad. En una sociedad abierta, plural y democrática la reparación de los intereses de cada sector debe ser efectivamente ejercida”, dijo “Coki”.
Una histórica ampliación de derechos para trabajadores policiales que cumple con tratados internacionales y deja de lado la doctrina antiderecho de la Corte Suprema.
En 2017, la Corte nacional falló en contra del pedido de sindicalización del Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA), bajo la bandera de que el personal policial “no tiene un derecho colectivo a sindicalizarse“, al no estar alcanzado por el artículo 14 bis de la Constitución.
Pero aquí se encontró una buena alternativa, siempre mejor que ahogar cualquier reclamo hasta que no queda otro camino que recurrir a la violencia.