El arribo de la misión del FMI a Buenos Aires da inicio a la discusión de un nuevo programa que reemplace el Stand By por u$s 44.000 millones contraído por el Gobierno anterior. Dado que el país no tiene la capacidad de afrontar los vencimientos de esta deuda, concentrados entre el 2021 y el 2023, el Ministerio de Economía solicitó al Fondo un Programa de Facilidades Extendidas.
La negociación
Así como el Gobierno reestructuró su deuda externa con los acreedores privados, ahora busca hacer lo propio con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva. Pero las negociaciones son diferentes. Por un lado, Guzmán acordó una extensión de plazos y recorte de intereses con los bonistas. Con el Fondo esto no es posible: la única forma de reestructurar las deudas es a través de la suscripción de un nuevo programa.
Hay sólo dos tipos de acuerdo. Un Stand By Agreement fue solicitado por el Gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Su horizonte para devolver lo prestado consta de 4 años como máximo. A cambio del dinero, y como “garantía” de repago, el Fondo Monetario Internacional exige algunas políticas a implementar por el país solicitante, conocidas como “condiciones cuantitativas”. Por ejemplo, en el último período del Gobierno anterior, la gestión económica debía mantener un crecimiento cero de la base monetaria. Es decir, no aumentar la cantidad de dinero en circulación.
Un Programa de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facilities – EFF) es la segunda opción disponible. A diferencia del anterior, cuenta con un período de devolución del préstamo que va de 4 a 10 años. Pero, así como se extiende su duración, se extienden las condiciones requeridas por el Fondo. Además de las metas cuantitativas, el organismo exige una serie de “reformas estructurales” que garanticen la devolución del préstamo. Estas reformas están en discusión hace un tiempo en nuestro país: una previsional que aumente la edad jubilatoria, una reforma laboral que flexibilice las condiciones de trabajo, y una tributaria que modifique la estructura impositiva nacional.
El Gobierno argentino decidió solicitar un programa de estas características. Las negociaciones recién comienzan, pero el ministro Guzmán viene acumulando herramientas para avanzar rápidamente.
El camino previo
No es casual la nueva fórmula previsional se haya dado a conocer a pocas horas de la llegada de la misión del staff del organismo internacional. Recordemos que los jubilados perdieron alrededor de un 17% de su poder adquisitivo durante el Gobierno anterior. Con la nueva fórmula, sus haberes quedarán desenganchados de la inflación. De esta forma, volverán a correr por detrás de la suba de precios. Una reducción en el gasto jubilatorio como el que implica el cambio en la movilidad va en línea con las condicionalidades mencionadas anteriormente para acceder a un Programa de Facilidades Extendidas.
Los gestos del Gobierno para obtener el visto bueno del Fondo se vienen acumulando en las últimas semanas. El Ministerio de Economía flexibiliza las restricciones para operar en el contado con liquidación (ccl). Se anunció una baja en la emisión monetaria, a cambio de mayor endeudamiento del Tesoro, en parte atado a la evolución del dólar. Incluso, comienzan a devolver los Adelantos Transitorios girados por el Banco Central.
La contrapartida de estas decisiones es el recorte en el gasto público. Los Precios Máximos dejaron de existir. El Programa ATP concluirá en diciembre de este año. El IFE se dio por terminado luego de tres entregas. El precio de las tarifas aumentará durante el próximo año. Este achicamiento del gasto social está contenido en el Presupuesto 2021, que contempla un recorte del déficit hasta el 4,5%. Incluso, el ministro de Economía adelantó a los empresarios de AEA que se esforzará para que el rojo fiscal se ubique por debajo del 4%.
Este “giro ortodoxo” de Guzmán trajo algunas semanas de paz cambiaria, con bajas en los dólares alternativos y achicamiento de la brecha. Sin embargo, la fragilidad de las reservas internacionales del Banco Central no permiten dar por ganada la pulseada contra el dólar. En este sentido se manifestó el ministro de economía: “Estamos construyendo una especie de puente de estabilidad de alrededor de 60 a 90 días mientras se trabaja en un programa de estabilización económica plurianual que se va a enviar al Congreso de la Nación”.
Lo que sigue
Un acuerdo con el FMI es parte fundamental de este puente. De esta forma se entiende la aceleración en los tiempos para concluir las negociaciones. Como vemos, el giro “market friendly” del Gobierno implica una serie de ajustes mencionados anteriormente y los que se vienen en el futuro cercano. Está por verse si son suficientes bajo el criterio del staff del Fondo.
Aunque las noticias que llegan desde los laboratorios generan euforia alrededor de la superación del coronavirus, no está claro que la pandemia vaya a quedar atrás tan fácilmente. Mucho menos sus consecuencias económicas y sociales. En un país donde más del 40% de sus habitantes viven en la pobreza, ¿hasta qué punto estará dispuesto a recortar gastos sociales la administración de Alberto Fernández?
Finalmente, se acerca el cierre del año legislativo y el proyecto del impuesto a las grandes fortunas sigue durmiendo. Un abandono definitivo de la iniciativa sería el broche que cierre el giro del Gobierno: ajustar las cuentas recortando el gasto en lugar de incrementar los ingresos públicos con impuestos progresivos.