El oficialismo consiguió sortear obstáculos y asegurar el respaldo parlamentario al proyecto de reforma laboral a través de una estrategia basada en alianzas diversas y cambiantes, que incluyó pactos con sectores provinciales y maniobras políticas que trascendieron las tradicionales alineaciones partidarias.
Según el análisis del proceso legislativo, la Casa Rosada negoció acuerdos con gobernadores peronistas, bloques aliados y sectores internos del oficialismo para consolidar el número necesario en el recinto y evitar sorpresas en las votaciones clave, incluso frente a protestas sindicales y movilizaciones sociales que pusieron presión durante el debate.
Una parte central de esa táctica fue responder a las inquietudes de mandatarios provinciales a cambio de compromisos en materia de fondos y obras públicas, lo que facilitó que la reforma atraviese el tramo parlamentario sin mayores sobresaltos pese a la conflictividad económica y los cierres de plantas emblemáticas en el interior del país.
La flexibilidad en la búsqueda de apoyos también se tradujo en ajustes de última hora en el propio texto de la reforma, como la eliminación de artículos controversiales tras la presión social —movida que permitió despejar tensiones internas y asegurar mayor consenso dentro del oficialismo—.
