La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, desestimó la solicitud presentada por el Estado argentino para suspender la fase de discovery —proceso en el que las partes intercambian información que podría servir para identificar activos embargables— dentro del extenso juicio por la expropiación de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.. La decisión implica que este procedimiento seguirá su curso mientras continúa la apelación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.
Esta etapa de discovery es clave porque permite a los beneficiarios de la sentencia —entre ellos fondos como Burford Capital y Eton Park Capital Management— solicitar documentación, listados de activos y otros datos que podrían utilizarse eventualmente para ejecutar embargos contra bienes del Estado argentino en el exterior mientras se tramita la sentencia de más de USD 16.100 millones más intereses a favor de los demandantes.
El Gobierno argentino había argumentado que la etapa de revelación de pruebas no debería avanzar antes de que el fallo de fondo quede firme, dado que la Corte de Apelaciones podría revocar o modificar la condena original. Sin embargo, Preska sostuvo que detener ahora el proceso perjudicaría a los demandantes tras años de litigio sin suspensión formal de la sentencia.
La defensa argentina también presentó argumentos asegurando que ciertos activos, como las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina, gozan de inmunidad soberana y no pueden ser embargados ni serían pertinentes para la ejecución. La jueza rechazó la solicitud de frenar ese componente del discovery, al igual que otras peticiones de suspensión relacionadas.
Ante el rechazo de Preska, las autoridades nacionales confirmaron que recurrirán la decisión ante el tribunal de alzada estadounidense, marcando otro capítulo en una disputa judicial que lleva varios años y que ya registró múltiples recursos y apelaciones por parte de la Argentina para frenar la ejecución del fallo.
Mientras tanto, el procedimiento de discovery continuará su marcha, lo que podría incluir pedidos de información sobre cuentas, participaciones accionarias y otros bienes estatales susceptibles de ser considerados en una eventual ejecución de la sentencia.
