En el marco del caso Rojas, que investiga el crimen del exministro Juan Carlos Rojas, el abogado Iván Saquis contó que se solicitó de manera muy urgente la adopción de nuevas medidas probatorias tras detectarse graves irregularidades en los teléfonos celulares secuestrados a la víctima.
Según expuso el letrado, se advirtió una pérdida sustancial y discriminada de información en el teléfono “corporativo” de Rojas, lo que habilita un margen de sospecha sobre posibles maniobras de sanitización, borrado profundo o alteración del dispositivo. A ello se suman hallazgos de archivos con fechas posteriores a la incautación del equipo y anteriores a la primera extracción forense ordenada por el Ministerio Público, una situación que —sostuvo— requiere una explicación científica y concreta.
Saquis advirtió que estas inconsistencias podrían comprometer seriamente la cadena de custodia, la integridad de la evidencia digital y la fiabilidad del material probatorio, con impacto directo en el esclarecimiento del crimen. En ese sentido, recordó que la causa arrastra antecedentes preocupantes, entre ellos un decreto fiscal fechado el 6 de febrero de 2026, en el cual el propio Ministerio Público expresó su preocupación por la necesidad de “subsanar” deficiencias detectadas en la preservación de registros de cámaras de seguridad durante el período crítico de la investigación.
“Las graves implicancias de los elementos aportados por la querella obligan a disponer medidas adecuadas y oportunas tendientes a despejar cualquier duda sobre manipulación, borrado o alteración de prueba”, sostuvo el abogado.
Por este motivo, la querella requerirá que todos los teléfonos secuestrados a la víctima, y no únicamente el dispositivo ya analizado, sean remitidos a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, o bien a una unidad federal especializada, para la realización de pericias informáticas exhaustivas.
El objetivo de la medida es determinar si existieron maniobras de borrado técnico, manipulación o alteración de archivos, así como evaluar el alcance de la pérdida de información y las posibilidades de recuperación de los datos eliminados, aspectos que la querella considera centrales para avanzar en el esclarecimiento del homicidio del exfuncionario.
Ausencia de llamadas claves que refuerzan sospechas sobre borrado de información
La querella del caso Rojas informó que, tras el análisis de los dispositivos secuestrados, se detectó la ausencia total de registros de llamadas entre el gobernador Raúl Jalil y el exministro Juan Carlos Rojas, así como también entre Rojas y el secretario general nacional de UTHGRA, Luis Barrionuevo.
“Nos resultó sumamente extraño que el ministro no tenga comunicaciones con ellos, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía existente”, señaló.
Según explicó, esta ausencia de registros reforzó la hipótesis de que podría haber existido algún tipo de borrado o manipulación del teléfono, lo que motivó el pedido de medidas que fueron aceptadas y actualmente se encuentran en proceso de peritaje por parte de la Gendarmería Nacional Argentina.
En ese contexto, indicaron que el reciente hallazgo de archivos con fechas posteriores al secuestro de los dispositivos terminó de impulsar la presentación realizada en las últimas horas. “Creemos que no deberían existir archivos generados con posterioridad al secuestro del teléfono”, remarcaron, al justificar la nueva solicitud de medidas urgentes.
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