La investigación judicial por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos en los últimos días, luego de la declaración de un testigo de identidad reservada que habría brindado información sensible sobre el funcionamiento interno del esquema bajo sospecha.
El aporte fue considerado relevante por la Justicia para profundizar la pesquisa, que ya tiene 19 personas procesadas. Entre los imputados se encuentran el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete, señalados como figuras centrales dentro de la operatoria investigada.
La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Franco Picardi, quienes analizan un presunto entramado de sobornos, fraude en contrataciones públicas y posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a proveedores del Estado.
Uno de los ejes principales apunta al rol de empresas proveedoras de insumos médicos, especialmente ortopedias que habrían facturado productos a la agencia en condiciones irregulares. A partir de allanamientos y escuchas telefónicas, los investigadores sospechan que Calvete actuaba como intermediario entre firmas privadas y funcionarios, facilitando pagos a cambio de retornos económicos.
En paralelo, se profundizan las pericias sobre movimientos financieros para determinar si parte de los fondos fue canalizada mediante operaciones de blanqueo. Dentro de esta línea también se analizaron vínculos empresariales con firmas del sector farmacéutico, aunque por el momento ese tramo no registra nuevos procesamientos.
Las tareas investigativas, sin embargo, enfrentan algunas dificultades técnicas. Uno de los teléfonos incorporados al expediente fue entregado sin información, mientras que otro permanece bloqueado, lo que impide acceder a su contenido. Además, se tramitan pedidos de cooperación internacional para obtener datos de correos electrónicos corporativos alojados en servidores radicados en Estados Unidos.
El expediente también incorporó un audio atribuido a Pablo Atchabahian, en el que se aludiría a gestiones para influir en decisiones dentro del organismo. En esa grabación se menciona a un ejecutivo identificado como “Helvético”, presuntamente vinculado a la estructura empresarial bajo análisis, con referencias que también rozan el plano político y disputas de influencia en el área.
En los próximos días, la causa pasará a la órbita del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si mantiene delegada la investigación en la fiscalía o si asume el control directo del expediente. Entre las primeras medidas a evaluar figuran pericias sobre los audios que dieron origen a la denuncia, con el objetivo de determinar su autenticidad. De confirmarse irregularidades, no se descarta que parte del proceso pueda ser posteriormente cuestionado en sede judicial.
