La moda operandi que quedó expuesta en varios de los episodios recientes de violencia —incluido un asalto violento a una mujer de mayor edad en Martínez— muestra un patrón preocupante: presos desde sus lugares de detención siguen planificando delitos y utilizando a adolescentes para ejecutar los ataques.
En uno de los casos más recientes, según fuentes policiales, un líder de banda conocido como La Banda del Millón organizó un asalto desde una comisaría de Palermo a través de comunicaciones, y los menores fueron quienes ingresaron al domicilio para consumar el hecho sin que la víctima —una abuela influencer— supiera que eran instruidos por un interno.
Esta modalidad se replica en distintos hechos, donde jóvenes son contactados, dirigidos o utilizados por adultos privados de libertad, sacando provecho de que los adolescentes muchas veces pueden pasar desapercibidos o enfrentar sanciones menores por su edad.
El fenómeno ha encendido alarmas en los organismos de seguridad y justicia, que advierten sobre el uso de menores por parte de estructuras delictivas para evadir responsabilidades y expandir su accionar fuera de las cárceles.
No solo se trata de un desafío operativo, sino también de un problema social complejo en el que se mezcla la vulnerabilidad de los adolescentes y la sofisticación de redes criminales que operan incluso desde centros de detención.
Expertos y autoridades coinciden en que la situación requiere mayor coordinación entre fuerzas de seguridad, políticas de prevención y un enfoque integral de protección de los menores, para evitar que este tipo de prácticas se profundice y genere más hechos violentos en la comunidad.
