Diferentes dirigentes de la oposición, denunciaron el estado de abandono de la salud pública y lo vinculan a la expansión de las empresas del sector. Según sus teorías hay un plan sistemático del Gobierno para debilitar la asistencia sanitaria estatal y direccionar la demanda a los prestadores privados, motivado por intereses más que evidentes. Y la verdad es que, despejando un poco el humo propio del oportunismo político, parece tener razón.
lo primero que se puede señalar como indiscutible es el deterioro de la salud pública. Más allá del relato construido por el Gobierno a fuerza de publicitar reiteradamente lo poco que se hizo y repetir los mismos anuncios una y otra vez, la realidad es otra y muy preocupante.
La decadencia del sistema sanitario se evidencia en múltiples niveles como el estado edilicio de los centros, el deterioro del equipamiento, el colapso de la atención, condiciones laborales precarias, salarios atrasados y la fuga de profesionales hacia el sector privado, por citar algunos. Un cuadro que se agrava a medida que uno se aleja de la capital y se adentra al interior provincial.
Igual de evidente es la expansión del sistema sanitario privado, sobre todo en la Capital. Allí hacia donde se extiende la ciudad, rápidamente las empresas de salud van erigiendo sus nuevos centros de atención y sucursales. Y no son los clásicos consultorios particulares de facultativos o pequeños edificios de consultorios subaquilados a varios profesionales de la salud. No, no. Hablamos de edificios de varios pisos, construidos desde cero para instalar nuevas sedes de los sanatorios, clínicas o laboratorios de análisis. Los reconocidos, los de las familias que todos sabemos.
Es claro que el crecimiento del sector privado no tiene nada intrínsecamente malo. Por el contrario, hasta se podría tomar como un indicador positivo de la economía. Pero si en el análisis se incluye el contexto y algunos factores quizás no tan conocidos, la interpretación puede ser coincidente con la denuncia de Galán.
Como se detalló párrafos arriba, la salud pública y la privada recorren caminos inversamente proporcionales. Al mismo tiempo que las prestaciones sanitarias del Gobierno decaen por el abandono de la gestión, las empresas de salud prosperan en niveles exponenciales. Lo “polémico” es que ambas son administradas por los mismos apellidos.
La contracara de este deterioro en la salud pública queda retratada en los cientos de millones de pesos que el Gobierno paga a prestadores privados en concepto de subsidios para personas sin cobertura médica. Regularmente, en prácticamente todas las publicaciones del Boletín Oficial quedan asentadas decenas de órdenes de pago para cubrir gastos de artículos ortopédicos, prótesis, implantes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, drogas, elementos de cuidado sanitario entre otros. Millones y millones de pesos pagados directamente al sector privado.
Puede ser que en algunos casos se trate de tratamientos muy específicos o insumos poco demandados que requieren de prestadores o proveedores muy especializados. Pero un gran porcentaje de estos subsidios tiene que ver con cuestiones mucho más básicas como pañales, remedios y elementos de ortopedia que el Ministerio de Salud sale a comprar o contratar entre un puñado de proveedores. Entre estos, los del grupo empresarial de la familia del Gobernador. Y ahí, con ese panorama más completo, la denuncia del legislador adquiere otra robustez.
La lógica resulta ser la misma que hay detrás de las empresas constructoras vinculadas al poder que florecen en tiempo de bonanza de la obra pública. El oportunismo de estar preparado para vender lo que se sabe que el Estado va a requerir. Y la tranquilidad de saber que desde adentro de la gestión estatal van a recibir un trato preferencial y muchas ventajas para lucrar con el Gobierno.
Solo por una cuestión de responsabilidad periodística, la denuncia de Galán se podría pasar al modo condicional cuando se señala que se está “empujando de forma deliberada a la gente hacia la salud privada”. Aunque parece muy evidente, para acusar de dolo quizás sean necesarias más pruebas. De lo que no hay discusión es de que la salud pública se cae a pedazos. Como tampoco caben dudas de que los que se terminan beneficiando son los empresarios de la salud privada. Esas empresas de familias que todos conocemos.
