La flexibilización de las normas de importación para autos cero kilómetro comprados por particulares abrió una fuerte discusión en el sector automotor local. La Asociación de Fabricantes Automotores de la Argentina (ADEFA) expresó su preocupación por el nuevo régimen, al sostener que estos vehículos no tendrán garantía oficial ni soporte técnico dentro del país si no están homologados por una marca con representación local.
Según señalaron desde la entidad, la modificación normativa implementada por el Gobierno reemplaza los requisitos habituales de homologación —como la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que implican ensayos extensivos de seguridad y emisiones— por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) obtenido a partir de un informe técnico de menor complejidad. Esta simplificación reduce tiempos y costos para que un particular pueda registrar un vehículo importado, pero también genera, en opinión de las automotrices, una brecha significativa respecto de las exigencias que enfrentan las terminales e importadores oficiales.
El sector advierte que los vehículos que ingresen bajo este esquema —y que no formen parte de la oferta comercial local— quedarán sin cobertura de garantía de fábrica y sin acceso a un sistema de postventa estructurado, lo cual incluye dificultades para obtener repuestos originales o asistencia técnica especializada ante eventuales fallas. Esta situación, sostienen, puede complicar la experiencia de los propietarios y dejar un vacío en la atención de problemas mecánicos o funcionales.
Asimismo, las automotrices destacaron que el costo del trámite para obtener el CSV —alrededor de $100.000 para la primera unidad que se patenta dentro de un año— es considerablemente inferior a los gastos que implican los procesos de homologación tradicionales, que pueden demandar más de un año y requerir pruebas complejas. Según la industria, esta diferencia podría provocar una competencia desigual y menor protección para los usuarios finales.
