Las protestas contra el gobierno de Irán, que comenzaron a fines de diciembre y se extendieron por todo el país, han derivado en una crisis de violencia sin precedentes en semanas recientes. Según la agencia de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 538 personas han muerto en la represión de las manifestaciones, cifra que incluye tanto a manifestantes como a miembros de las fuerzas de seguridad, mientras más de 10.600 fueron arrestadas durante las primeras dos semanas de movilizaciones.
El conflicto —iniciado como protestas por la situación económica y ampliado a demandas más profundas contra el régimen— se vio agravado por una suspensión generalizada del acceso a Internet y a las comunicaciones telefónicas en todo el país, medida que las autoridades han impuesto en un intento de frenar la difusión de imágenes y relatos desde el terreno y limitar la coordinación de las protestas.
Debido a ese bloqueo, verificar los datos de manera independiente ha resultado extremadamente difícil, y diversas organizaciones advierten que el número real de víctimas y afectados podría ser mayor. Las autoridades iraníes no han publicado cifras oficiales completas sobre el número de muertos ni sobre las detenciones, y han responsabilizado a “grupos violentos internos” y a influencias externas por las manifestaciones.
