El Gobierno nacional informó que, en el marco de una auditoría interna, detectó que alrededor de 178 mil personas figuran como fallecidas pero mantienen activo el Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que habilita el acceso a prestaciones del Estado. El hallazgo surgió de un cruce de bases de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La irregularidad fue identificada durante un proceso de revisión que se inició tras la salida del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, envuelto en una polémica sobre supuestos pedidos de coimas en audios que él mismo cuestiona haber sido manipulados con inteligencia artificial en pericias presentadas ante la Justicia.
Bajo la intervención del sanitarista Alejandro Vilches, quien reemplazó a Spagnuolo, se analizaron los registros y se autorizaron las bajas de los certificados con inconsistencias. Desde Casa Rosada se evaluaría incluso judicializar tanto a las personas que habrían hecho uso indebido de los beneficios como a los prestadores involucrados.
“El uso de certificados de personas fallecidas sin actualizarse constituye una estafa al Estado”, señaló una fuente oficial, que anticipó que se cruzarán los datos de los fallecidos con los de los prestadores de servicios para determinar responsabilidades.
El CUD es el documento que certifica la discapacidad y permite acceder a prestaciones estatales, otorgado tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria. Las irregularidades encontradas forman parte de un conjunto de problemas que llevaron al Ejecutivo a impulsar una auditoría integral en la ANDIS desde agosto pasado, incluyendo la revisión de contratos y procedimientos de la agencia.
El proceso de revisión y las medidas que surjan de él podrían estar finalizados y comunicados oficialmente hacia el final del primer trimestre de 2026, según anticiparon fuentes al tanto del trabajo interno de la agencia.
