Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno nacional impulsó una serie de subastas públicas de bienes estatales con el objetivo declarado de achicar la estructura y reducir el gasto público. Como parte de esa política, en los últimos dos años se vendieron 83 vehículos oficiales, entre automóviles, utilitarios y camionetas, por un monto total cercano a USD 490.000.
Gran parte de los vehículos rematados pertenecían a organismos públicos: 35 autos eran del Ministerio de Justicia; 16 estaban bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); y 11 correspondían a la Administración De Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), empresa estatal recientemente convertida en sociedad anónima. Algunos de los vehículos subastados provenían incluso de decomisos judiciales vinculados a causas como la trata de personas.
Entre los remates más destacados, se vendió un utilitario Iveco Daily 2014 por USD 22.299 —superando su precio base—. Otra venta relevante fue la de una pick-up Toyota Hilux 2015, adjudicada por USD 14.400, casi el doble del valor inicial de la subasta.
El gobierno sostiene que este plan de subastas es parte de una estrategia de “austeridad” y de optimización de recursos: buscan “monetizar bienes en desuso” para redirigir esos fondos hacia otras áreas.
No obstante, el volumen de remates —junto con el cronograma de ventas de inmuebles y otros bienes públicos— reaviva el debate sobre el rol del Estado, la transparencia de las adjudicaciones y el destino de lo recaudado. Algunos analistas alertan que, aunque las ventas generan ingresos inmediatos, pueden impactar en la capacidad operativa del Estado si no se acompaña con reformas estructurales.
