La inconsulta Reforma Judicial de la provincia y sus derivados, consiguieron en el Poder Legislativo un tratamiento a ritmo veloz y sostenido. La modificación exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluida la ampliación de la Corte de Justicia y la eliminación del Consejo de la Magistratura, fue sucedida por la designación de los nuevos ministros del máximo tribunal. Como un barco con viento en popa, todo lo enviado por el Poder Ejecutivo a la legislatura en materia reformista es aprobado sin zozobra. Prácticamente como en una escribanía, que se limita a “dar fe”.
La adjetivación de inconsulta a la iniciativa reformista en el Poder Judicial no es una valoración negativa sobre lo oportuno o necesario del proyecto. De hecho, es casi incuestionable la necesidad de actualizar una ley orgánica sancionada hace más de cuatro décadas y durante un gobierno de facto. Pero, sí apunta a cuestionar el poco, casi nulo, debate en el ámbito legislativo de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Ese debate que constituye la naturaleza de la labor parlamentaria y que funciona como proceso de enriquecimiento y perfecciona de las iniciativas de ley.
En declaraciones a la TV Pública de la provincia, y en referencia al tratamiento de los pliegos de Martel y Gómez, el senador Maximiliano Brumec describió el rol de la cámara alta como el de un ente que se limita al control de forma. Con una explicación técnica correcta y detallada, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes describió el proceso de control que hace el Senado del cumplimiento de los requisitos constitucionales y las formalidades de los pliegos . Pero acotó que el análisis y determinación de la idoneidad de los candidatos queda bajo el criterio del Poder Ejecutivo, amalgamándolo a la atribución constitucional de elegir los candidatos y elevar sus pliegos al Senado. Correcto pero insuficiente.
Circunscribir el Poder Legislativo a la tarea del control procesal o de formas es limitarle su naturaleza deliberativa y reducirlo a una función notarial. Y resigna una instancia de discusión, revisión y enriquecimiento de los proyectos, que naturalmente siempre tienen margen de perfeccionamiento. De hecho, este miércoles hubo una instancia de entrevista personal entre los senadores miembros de la comisión y los dos candidatos para sumarse a la Corte. Una instancia que debería servir justamente para que los senadores conozcan las aptitudes profesionales y virtudes humanas de los candidatos. Pero que el senador Brumec pareció autolimitar con anticipación, excluyendo al Senado de la valoración cualitativa y dejándola como una atribución exclusiva del Ejecutivo.
Ya sucedió con la Reforma Judicial, que incluyó la ampliación de los miembros de la Corte y la derogación del Consejo de la Magistratura. Que entraron como proyecto y salieron como ley casi sin debate en sesión ni discusión en las comisiones. Facilitado por la mayoría que el oficialismo tiene en ambas cámaras, que le permiten prescindir de los consensos y con las que la aprobación de las iniciativas se vuelven un trámite.
Justamente esa palabra, “trámite”, fue la que molestó visiblemente Hernán Martel, ministro de Seguridad y candidato a ocupar un lugar en la nueva Corte ampliada. Fue por la pregunta de un periodista sobre el proceso de estudio de su pliego y el de la otra candidata, Fabiana Gómez, y la celeridad con la que produjo. Para el funcionario, cuestionado por la oposición en relación a su idoneidad y trayectoria, calificar como “trámite” su designación como ministro del máximo tribunal de justicia provincial es ofensivo o “violento”. Y, sin embargo, su enojo no revierte ni elimina el hecho de que todo el proceso, desde la reforma de ley del Poder Judicial hasta su designación, fue en tiempos casi récord, sin trabas ni contratiempos.
Sensación que se podría evitar dándole a los proyectos e iniciativas los tiempos propios de la actividad legislativa. Instancias para el debate, maduración y mejora. Y, sobre todo, para la búsqueda de consensos. Que le quitarían el mote de “exprés” o “trámite” a la sanción de leyes importantes y necesarias.
