Ocho años después de la desaparición del submarino ARA San Juan, la herida sigue abierta. El 15 de noviembre de 2017, la nave perdió contacto durante una misión de patrullaje en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Lo que debía ser una operación de rutina terminó en una de las peores tragedias navales de la historia argentina.
En los días posteriores, la información fue confusa: versiones cruzadas, silencios oficiales y un clima de incertidumbre que profundizó el dolor de las familias. Recién semanas más tarde se confirmó que no había sobrevivientes. Y un año después, tras una búsqueda internacional y peritajes exigidos por los allegados, llegó la verdad más dura: el submarino había implosionado a más de 900 metros de profundidad.
Las causas del siniestro continúan envueltas en interrogantes. Se habló de fallas eléctricas, incendios en las baterías, explosiones internas e incluso teorías sobre un ataque externo. Sin embargo, ninguna hipótesis quedó firme y la investigación avanzó con lentitud entre peritajes, informes técnicos y desacuerdos institucionales.
La causa judicial pasó por manos de especialistas del Estado, empresas extranjeras y una Comisión Bicameral del Congreso, pero los avances concretos fueron escasos. Recién este año, el expediente fue elevado a juicio en Santa Cruz, donde cuatro oficiales de la Armada enfrentarán cargos por “estrago culposo agravado”. La fecha del proceso aún no fue definida.
A este escenario se suma otro capítulo polémico: las denuncias por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas, una causa que involucró al expresidente Mauricio Macri y que fue cerrada por la Corte Suprema hace apenas unos días.
